El PSOE acusa al edil de Urbanismo

La concejal Matilde Fernández, portavoz socialista de Urbanismo, denunció ayer que la recalificación de terrenos privados para levantar más de 60.000 viviendas en las afueras de Madrid ha supuesto unas plusvalías de 500.000 millones para los dueños de los terrenos."No son los promotores los responsables de los precios ilegales que están alcanzando las viviendas protegidas. Para ellos, el suelo, como los ladrillos o el cemento, es simplemente una materia prima para su proceso industrial, en el que los márgenes están acotados entre los costes, donde el suelo significa la parte fundamental, y los precios finales de venta. La cuestión está en los propietarios de suelo, a los que se les regaló de un plumazo una plusvalía enorme, que no tiene ni costes iniciales ni financieros".

Fernández denunció que "la llegada de Ignacio del Río a la Concejalía de Urbanismo de Madrid supuso un vuelco liberal en la política de vivienda". Este hecho, según la edil socialista, hizo que el Ayuntamiento de Madrid pasara del sistema de expropiación de terrenos para la promoción de viviendas al sistema de compensación (los propietarios se ponen de acuerdo entre ellos para levantar las viviendas o vender el suelo ya recalificado a residencial). Las consecuencias de este proceso de liberalización de todo el suelo vacante en la ciudad para levantar viviendas han sido nefastas, según Fernández. "Las viviendas sociales [cuyo precio máximo está fijado por ley en unos 16 millones de pesetas] no serán tales. El precio se ha disparado y el fraude en dinero B superará los 100.000 millones, según han declarado los responsables de la asociación de promotores y el propio concejal de Vivienda, Sigfrido Herráez, nada sospechosos de connivencia con el PSOE".

"Entendemos", señala Fernández, "que la racionalidad indicaba otro camino a seguir para que las viviendas sociales se asuman y controlen por parte de la Administración pública. El PP ha tomado muchas decisiones en sentido contrario, con el resultado que aparece".

Los socialistas exigen al concejal de Urbanismo que actúe con urgencia y reclaman que se revisen los convenios urbanísticos que permiten el desarrollo de los nuevos barrios. Según el PSOE, el Ayuntamiento aún puede recuperar el control sobre los ensanches residenciales de Madrid aplicando la cláusula que penalizaba la tardanza en constituir las juntas de compensación.