Ruiz-Gallardón lamenta el fraude en los nuevos barrios del norte y pide al fiscal que intervenga

El presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, lamentó ayer el fraude que se está produciendo en los nuevos barrios del norte de Madrid, donde las viviendas de protección oficial se venden a un precio muy superior al fijado por la ley. Además, hay promotoras que cobran a sus clientes en dinero negro. Ruiz-Gallardón recordó que en este caso debería actuar la fiscalía con una inspección que determine si hubo fraude y hacer que respondan por ello sus responsables. El presidente autonómico defendió que es mejor que un consorcio público controle los nuevos barrios antes que dejarlos en manos privadas.

Más información
El PSOE acusa al edil de Urbanismo

Experiencia negativa

El Gobierno regional aplica, desde hace muchos años, un modelo de gestión pública para la promoción de miles de viviendas que no ha dado problemas ni ha desatado la protesta de ningún grupo inmobiliario o cooperativista, como sí ha ocurrido ahora con el sistema aprobado en el Ayuntamiento de Madrid. La Administración autonómica se asocia con los municipios (excepto en la capital) para expropiar grandes extensiones de suelo que recalifica para levantar viviendas, la inmensa mayoría para pisos de protección oficial o precio tasado. Ese suelo sale a concurso público con un precio político tasado que no admite mejora en las ofertas. Las promotoras y cooperativas construyen con tarifas que oscilan entre los 16 y los 20 millones (con garaje y trastero incluidos), en función de si son de protección oficial o de precio tasado. Este modelo, que inició en 1991 el Gobierno del socialista Joaquín Leguina y continuó en 1995 el ejecutivo de Alberto Ruiz-Gallardón en los grandes municipios de la periferia, tiene satisfechos a los gobiernos locales de una decena de grandes ciudades en Madrid.

Pero el alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, y su equipo de Gobierno optaron por imponer en la capital un nuevo modelo y desoír la invitación del ejecutivo regional para formar consorcios públicos que desarrollasen los nuevos barrios. La teoría anunciada repetidamente por los dirigentes municipales de la capital para defender su modelo liberalizador consistía en que iban a recalificar millones de metros cuadrados para hacer viviendas, y con tanto suelo disponible, su precio bajaría.

Esa teoría fracasó. Los dueños de los terrenos han optado por vender el suelo a un precio lucrativo, sin tener en cuenta que con esas tarifas las casas costarían muchos millones más de los límites legales. Y las promotoras se han visto obligadas a vender los pisos mucho más caros de lo previsto; incluso algunas cobran a los clientes en dinero negro, según ha reconocido la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

El presidente regional recordó ayer que si el Ayuntamiento de Madrid hubiese aceptado desarrollar los nuevos barrios de la capital (donde se levantarán 73.000 viviendas) mediante el sistema de consorcios públicos, "se habría evitado" el fraude de algunos promotores privados. Ruiz-Gallardón confió en que la negativa experiencia que sufre el Ayuntamiento de Madrid sirva para otros municipios "como ejemplo" de lo que no hay que hacer.El Gobierno regional renunció hace varios años a las subastas de suelo público, mientras que el Ayuntamiento de Madrid sigue con el sistema de vender parcelas municipales al mejor postor. El vicepresidente regional, Luis Eduardo Cortés, prepara estos días una nueva Ley regional del Suelo en la que piensa incluir cláusulas muy restrictivas a las subastas de suelo público que encarecen la vivienda.

"Nosotros preferimos los consorcios públicos como mecanismo de gestión a un sistema en el que sean los promotores privados los que realicen toda la promoción, porque la experiencia nos ha dicho que es un sistema más eficaz y permite el control de las administraciones públicas", señaló ayer Ruiz-Gallardón. "Pero, naturalmente, si no hay voluntad por parte de los Ayuntamientos de constituir esos consorcios públicos, nosotros no impedimos que se desarrollen urbanísticamente los municipios".

El presidente regional cree que los promotores privados no están autorizados a aplicar precios superiores a los que marca la ley en la venta de viviendas protegidas. "Todas las administraciones, en defensa de los derechos de los consumidores, pueden actuar cuando tengan noticia oficial de que se ha producido un fraude. Además, si existe esa constancia, eso merecería una inspección por parte de la Fiscalía y, en su caso, la apertura de procedimientos judiciales".

La Fiscalía de Madrid espera a que las administraciones le remitan la información sobre el caso para decidir si abre una investigación sobre el posible fraude. En los últimos tres años, las gestoras de cooperativas han denunciado en una decena de ocasiones el incremento de precios del suelo, sin que el Ayuntamiento de Madrid hiciera nada. El concejal de vivienda, Sigfrido Herráez, aseguró ayer que "un consorcio público no habría evitado la especulación", y afirmó que es la Comunidad, "que da las ayudas a vivienda protegida", la que debe "controlar" que su objetivo se cumpla.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS