EL GASTO FARMACÉUTICO De nuevo, el 'medicamentazo'

El mismo día en que el Gobierno de la Nación bajaba la fiscalidad de las plusvalías y de los fondos de inversión, la ministra de Sanidad, la dicharachera Celia Villalobos, se quejaba de no tener dineros con que hacer frente al gasto farmacéutico de nuestros pensionistas, y planteaba la necesidad de que los jubilados con pensiones más elevadas pagaran una parte de su gasto en farmacia. ¿Gobierno esquizofrénico?Vayamos por partes; es desde luego cierto que el incremento de nuestro gasto farmacéutico, al igual que sucede también con muchos otros bienes y servicios, supera al de nuestro PIB, pero no lo es menos que el gasto por habitante es similar al de los otros países europeos avanzados; lo que ocurre es que al ser nuestro gasto sanitario total inferior, el gasto porcentual farmacéutico en España es significativamente elevado.

Por lo que podemos deducir de sus declaraciones, el problema para la ministra no es que los españoles gastemos mucho en farmacia, sino la repercusión de dicho gasto en los Presupuestos Generales del Estado, es decir, en el gasto público. De hecho, ninguna medida de este ministerio -ni ahora, ni cuando el ministro era el señor Romay- ha ido dirigida a tratar de disminuir el número de recetas, es decir, a hacer que descienda el consumo de medicamentos; nada que ponga en peligro la cifra de negocios de la poderosa e influyente industria farmacéutica.

Todo pues parece indicar que lo que pretende la ministra no es ni más ni menos que lo que viene defendiendo el Gobierno del señor Aznar: el recorte del gasto público y el debilitamiento de las políticas de protección social. La ministra lo que quiere es que los ciudadanos paguen más, sin que se reduzca el consumo. Es decir, lo que se pretende es privatizar la prestación farmacéutica. En total sintonía con el conjunto del Gobierno, nada de esquizofrenia.

Hacer que paguen los pensionistas con ingresos altos, como defiende Villalobos, suena a aquello del chocolate del loro: sólo el 6% de ellos tiene ingresos superiores a 150.000 pesetas mensuales, por lo que, si de verdad quieren obtener resultados que repercutan significativamente sobre el gasto público, tendrán inevitablemente que hacer pagar a los pensionistas con ingresos más bajos. La medida, muy difícil de ejecutar desde el punto de vista administrativo, sería totalmente injusta, y se opondría frontalmente al Pacto de Toledo.

Lo primero sobre lo que el Ministerio de Sanidad debería pronunciarse es sobre si, en lo que a medicamentos se refiere, los españoles consumimos en exceso. Si la respuesta es afirmativa, tómense las medidas oportunas, una vez analizadas las causas en colaboración con todos los actores: médicos, farmacéuticos y ciudadanos en general. Pero si la respuesta es negativa, defínase con claridad, sin falsos debates, el escenario de protección social que pretende establecer el Partido Popular para los españoles.

Además de insistir en la necesidad de avanzar en las conquistas sociales hasta equipararnos con el resto de los países europeos avanzados, los socialistas queremos señalar que los jubilados, con independencia de sus ingresos, son, por acuerdo de un pacto intergeneracional, una generación protegida. Todos pierden gran parte de su capacidad adquisitiva cuando se jubilan. Debemos, pues, blindar las escasas ventajas sociales con las que las generaciones activas les reconocen sus esfuerzos frente a medidas restrictivas e insolidarias como las que se anuncian desde el Partido Popular, desde todo el Gobierno del señor Aznar.

Antonio Núñez Roldán es Portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía.