El Gobierno teme que la liberalización del suelo condicione "gravemente" el desarrollo urbanístico

El Departamento de Vivienda está dispuesto a luchar con todas las "armas políticas y jurídicas" a su alcance para evitar que se apliquen en Euskadi las medidas liberalizadoras sobre suelo aprobadas por el Gobierno central el pasado 23 de junio dentro del paquete de disposiciones económicas que buscan el incremento generalizado de la competencia. Vivienda está en profundo desacuerdo con esas medidas sobre suelo por dos razones: porque invaden las competencias autonómicas y porque pueden condicionar "gravemente" el desarrollo urbanístico vasco.

Entre las medidas aprobadas el 23 de junio para liberalizar de manera acelerada sectores estratégicos de la economía, el Gobierno central dio su visto bueno a una modificación de la Ley sobre Régimen de Suelo y Valoraciones. En concreto, ha suprimido la posibilidad que tenían los ayuntamientos de catalogar como suelos no urbanizables aquellos que consideren inadecuados para su desarrollo urbano. El Ejecutivo de José María Aznar justifica este decreto para "incrementar la oferta de suelo" al eliminar las previsiones normativas en vigor que "por su falta de flexibilidad pudieran limitarla".Así, de prosperar la moficación, la ley sólo otorgará la condición de suelo no urbanizable a los terrenos con valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, agrícolas, forestales, ganaderos y con riquezas naturales. De esta forma, los ayuntamientos no podrán impedir que en un suelo se levanten viviendas, a pesar de que puedan alterar el diseño urbanístico y territorial que había previsto para su población.

El director de Ordenación del Territorio del Gobierno vasco, Juan Ignacio Izeta, recurre a un ejemplo para advertir sobre la repercusión de la medida aprobada por el Ejecutivo central: "Si ahora un promotor quiere urbanizar un suelo y el ayuntamiento considera que no debe hacerlo porque se trata de una zona estratégica por la que no debe crecer la ciudad, con la ley en la mano el promotor puede recurrir y ganar. Sólo están a salvo de la urbanización los suelos con valor paisajístico, agrícola, científico..."

La medida choca frontalmente con el espíritu de la futura Ley de Suelo vasca, que apuesta porque la ordenación del territorio siga en manos públicas. "Si las administraciones que tienen competencia urbanística no pueden controlar el crecimiento de ciudades y poblaciones, la concepción del urbanismo cambia radicalmente. Esto puede tener una trascendencia enorme, puede condicionar gravemente el desarrollo urbanístico de Euskadi", alerta Izeta.

Ganan los propietarios

Los responsables del Departamento de Vivienda consideran que lo que pretende el PP es crear gran cantidad de suelo urbanizable en beneficio de los propietarios de los terrenos, es decir, privatizar el urbanismo. Frente a esta concepción, el Gobierno vasco opone una idea filosófica diferente: "Los ayuntamientos, diputaciones o Gobierno autónomo son la mejor garantía del crecimiento y desarrollo de las ciudades y pueblos", recalca el responsable de Ordenación del Territorio.

El PP ha logrado ahora lo que ya intentó la legislatura pasada durante la tramitación de la Ley de Régimen de Suelo y Valoraciones, pero que al no disponer de mayoría suficiente no pudo lograr. Su pretensión en aquel momento era liberalizar el suelo, estableciendo suelo urbano y no urbanizable como tasados (es decir, sujetos a unas determinadas características) y dejar el resto del terreno como urbanizable. Esto cambiaba el concepto tradicional de la clasificación de suelo, ya que anteriormente había suelo urbano (también tasado), el suelo urbanizable (igualmente tasado) y el no urbanizable era el resto, donde además de los suelos protegidos, estaban los que por cuestiones de estrategia se reservaban los ayuntamientos para evitar crecimientos descontrolados de las ciudades. La negociación con el resto de las fuerzas políticas atemperó los propósitos del PP. "Pero en cuanto ha tenido la primera oportunidad ha vuelto a liberalizar el suelo", expone Juan Ignacio Izeta.

Además de chocar en el aspecto filosófico, el responsable vasco de Ordenación del Territorio apunta que el decreto aprobado por el Ejecutivo central es una invasión competencial, al arrogarse competencias en urbanismo, algo que corresponde a las comunidades autónomas, tal y como determinó en su momento el Tribunal Constitucional. "El departamento está estudiando que tipo de recursos se pueden interponer ante este atropello", adelanta Izeta.

El Gobierno central tuvo que elaborar la ley de Suelo cuando el Constitucional falló en 1997 que el urbanismo es una competencia autonómica. La sentencia echó por tierra gran parte de la ley del Suelo anterior y vino a decir dos cosas: que el urbanismo como disciplina que determina la conformación de la ciudad, cómo se edifica, cómo se ocupan los suelos y su clasificación y su diseño es una competencia autonómica y que al Estado le corresponde determinar la propiedad del suelo, el régimen de las expropiaciones y las valoraciones.