La Duma ratifica el proyecto de Putin de reforzar el Estado central

La Duma (Cámara alta del Parlamento) aprobó ayer por abrumadora mayoría la segunda de las leyes con las que el presidente ruso, Vladímir Putin, pretende quebrar el poder de los líderes regionales y reforzar el del Estado central, es decir, el suyo propio. El texto, cuya aplicación permitiría la destitución de los gobernadores que violen las leyes federales, debe pasar todavía por el Consejo de la Federación.

Es casi seguro que esta institución, equivalente al Senado español, se opondrá rotundamente, igual que hizo el miércoles con la ley que supondría su paso a la historia con su actual formato, es decir, con los jefes del Ejecutivo y el legislativo como representantes de cada una de las 89 regiones. Éstos, además, perderían su inmunidad parlamentaria, lo que podría conducir a que algunos de ellos dieran con sus huesos en la cárcel.

Los diputados entregaron, aparentemente, un cheque en blanco a Putin, al votar el proyecto por una mayoría de 399 contra nueve. Lo hicieron en segunda y tercera lectura, con lo que la ley pasa automáticamente a la Cámara alta. Si es rechazada allí, deberá volver a la Duma, que puede revalidarla con mayoría de dos tercios, ampliamente superada en la votación de ayer.

El caso, sin embargo, no está cerrado. La Duma aprobó ayer proponer al Consejo de la Federación que acepte una comisión conjunta (en la que también habría representación del líder del Kremlin) para alcanzar un compromiso sobre la composición del Senado y evitar así el conflicto institucional. La Cámara alta estudiará la próxima semana ese intento de arreglo, y fuentes próximas a Putin insinúan que el acuerdo podría pasar por permitir que los líderes regionales conserven sus escaños hasta que caduquen sus actuales mandatos. La misma vía conciliatoria podría seguirse en la ley aprobada ayer, que aprieta aún más la soga alrededor del cuello de los gobernadores. Aunque Putin ceda algo de terreno, no es previsible que lo haga en lo esencial: despojar a los líderes regionales de un poder amarrado durante la etapa de Borís Yeltsin e incompatible con el Estado fuerte que quiere construir su sucesor. Así lo dio a entender el primer ministro, Mijaíl Kasiánov.