CEAR ve inconstitucional la reforma del PP de la Ley de Extranjería

La reforma que el Gobierno pretende introducir en la Ley de Extranjería no sólo es regresiva con respecto al texto actual, sino que además algunos de sus artículos son inconstitucionales. Ésta es la conclusión que extrae la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) de un informe propio que analiza los cambios planteados. Según esta organización, este estudio es el primero que argumenta con base jurídica los inconvenientes del proyecto de ley del Gobierno. En su redacción han participado, entre otros, un juez de la Audiencia Nacional, otro adscrito al Ministerio de Justicia y un tercero del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Dado el carácter crítico del documento, los jueces no han querido revelar su identidad.Para CEAR, organización integrada en el Foro para la Inmigración, el hecho de que la reforma del Gobierno reserve los derechos de reunión, asociación y huelga sólo a los extranjeros que vivan legalmente en España es inconstitucional.

Según Juan José Rodríguez, vicepresidente de la asociación, la Constitución reconoce estos derechos a todas las personas, no sólo a los ciudadanos que residen en España de forma legal.

Otro derecho que la Carta Magna considera universal es la tutela judicial efectiva. En la reforma del Gobierno queda restringida a "los extranjeros que se hallen en España", lo que impide, por ejemplo, que los familiares de los inmigrantes residentes en España puedan pedir desde fuera su reagrupamiento. Los extranjeros no regularizados tampoco tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita. El Defensor del Pueblo tiene interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra este artículo.

CEAR niega el efecto llamada de la actual Ley de Extranjería (la afluencia masiva de inmigrantes por los beneficios de la norma vigente). Según sus datos, en el primer semestre del año 1.500 personas lograron entrar de manera irregular por el sur de España, la mitad que en el mismo periodo de 1999.