Trabajo propone abordar una reforma de la pensión de viudedad en el Pacto de Toledo
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Gerardo Camps, propuso ayer que el Pacto de Toledo aborde la reforma de la pensión de viudedad. Y que lo haga mediante un debate que tenga en cuenta que se ha producido una masiva incorporación de la mujer al trabajo y, como consecuencia, al derecho a pensión propia por jubilación. También cree necesario que los trabajadores retrasen su retiro más allá de los 65 años para paliar los efectos de la baja natalidad. Otra propuesta lanzada por Trabajo es que el complemento de míninos se financie gradualmente vía impuestos.
La primera reunión de la comisión parlamentaria no permanente del Pacto de Toledo sirvió ayer para que el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, y el secretario de Estado de la Seguridad Social, Gerardo Camps, apuntaran las medidas que quieren incluir en el desarrollo del acuerdo logrado por todos los partidos en 1995, y respaldado por los sindicatos CCOO y UGT.Aparicio, en una breve intervención, solicitó que se renueve ese consenso, y fue Camps quien descendió a las propuestas concretas que lanza el Gobierno, y quien precisó que los tres retos a resolver son la culminación de la separación de las fuentes de financiación del sistema público, el impacto futuro que tendrá el paulatino envejecimiento de la población y el actual papel de la mujer en el mundo laboral.
Sobre este último punto, el responsable de la Seguridad Social apuntó que el sistema público debe tener en cuenta la nueva situación, marcada por la incorporación masiva de la mujer al trabajo. "La pensión de jubilación femenina será un hecho generalizado en unos años", dijo Camps. A la salida de la comisión parlamentaria añadió que esa realidad "nos debe llevar a realizar una reflexión sobre lo que debe ser en el futuro la pensión de viudedad".
En el caso de que los partidos, los sindicatos y la patronal coincidan en las conclusiones, se abordará una reforma que en las ocasiones anteriores que se ha sugerido ha levantado polémica. Camps no quiso precisar hacia dónde irán los cambios, pero de sus afirmaciones se desprende que se puede aplicar una incompatibilidad entre la pensión de viudedad y la percepción de otras pensiones o de un determinado nivel de rentas. Lo que sí aseguró es que "no habrá recorte de los derechos adquiridos" para los actuales beneficiarios.
La pensión de orfandad también la quiere adaptar al retraso de la edad en que los jóvenes acaban su periodo de educación, y en este caso no propone un recorte, sino modificar la edad máxima para percibirla, ahora situada en 21 años, o 23 cuando han fallecido los dos progenitores.
Retraso de la jubilación
Sobre los efectos de la mayor esperanza de vida, fue tajante al afirmar que "en este país hace falta que la gente retrase la jubilación" más allá de los 65 años, y adoptar medidas e incentivos para que empresas y trabajadores se acojan a una fórmula legal ya reconocida pero no utilizada.
La situación financiera del sistema cuenta con un superávit alcanzado en 1999: en torno al 0,3% del PIB, 240.000 millones de pesetas, frente a una previsión de déficit del 0,1% del PIB. Para consolidar ese saneamiento, el secretario de Estado dijo que se debe culminar la separación de fuentes de financiación abordando el gran tema pendiente, que es el complemento de mínimos, un gasto que cada año supera los 600.000 millones de pesetas y que ahora se nutre de cotizaciones. Para Trabajo, está claro que el mandato de la ley es que esa prestación ha de tener naturaleza no contributiva, y por tanto debe financiarse a costa de los impuestos generales, en un proceso acometido "desde el diálogo y desde la gradualidad".
Una propuesta que coincide con la expuesta por el diputado del PSOE, José Antonio Griñán. Otro criterio que defenderán los socialistas es que no se reduzcan las cotizaciones sociales mientras no se garantice el equilibrio presente y futuro, así como la equiparación en prestaciones y cuotas entre los regímenes especiales y el general. Francisco Frutos, de IU, marcó estas premisas para el debate: consolidar el sistema público y el carácter social del Estado, reafirmar la voluntad política y la suficiencia de las cotizaciones, y analizar "las pensiones que tendrán los jóvenes que ahora saltan de un empleo a otro".
