La delincuencia juvenil crece un 80% en tan sólo cuatro años

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana también alerta en su última memoria del vertiginoso aumento de la violencia juvenil. El responsable de esta institución, Enrique Beltrán, cifró ayer en un 80% el aumento de las investigaciones hecho en este campo entre 1995 y 1999. El fiscal jefe también avanzó que la entrada en vigor de la nueva ley del menor, prevista para el próximo año, no solucionará este problema dada la falta de inversiones que acompaña al nuevo texto legal, que concede al ministerio público un papel especial en la prevención y combate de este problema.

Durante 1999 se abrieron 4.358 diligencias informativas por supuestas ilegalidades imputadas a los menores de 16 años o menores de edad penal. De éstas, un 62% no prosperó (acabó en archivo), mientras que el resto provocó la apertura de su correspondiente expediente. Mayoritariamente, los fiscales investigaron a menores supuestamente implicados en delitos contra la propiedad, 2.374, más de la mitad del total de casos abiertos.

Los robos (1.577); daños contra diversas propiedades (716); lesiones (670), hurtos (563) o amenazas completan las ilegalidades más cometidas por menores. Sólo tres adolescentes fueron procesados por su supuesta participacion en homicidos y 25 por tráfico de drogas.

Arrestos incumplidos

Beltrán no dejó de advertir a las autoridades sobre el difícil cumplimiento de gran parte de los castigos impuestos a menores, concretamente de aquellos que se cumplen con los llamados arrestos de fin de semana, el internamiento del adolescente en un centro adecuado.

Según el fiscal jefe, este problema, ya existente, se acentuará con la entrada en vigor de la nueva ley del menor, que promulga un uso extensivo de este castigo. "Me temo que con la entrada en vigor el próximo año de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor tendremos el mismo problema", aseguró a Europa Press, "aunque me consta que la Generalitat está haciendo todo lo que puede".

En relación con la aplicación o interpretación de nuevas leyes, Beltrán, en el repaso a la actuación en materia de extranjería, solicita a la Fiscalía General del Estado una aclaración respecto a la posibilidad de ingresar en centros de internamiento a súbditos extranjeros de residencia ilegal en España.

En ese sentido, 259 de los residentes ilegales detenidos en Valencia fueron expulsados de España; 137 quedaron en libertad por orden judicial y otros 102 por su falta de documentación.