Sanus pide autorización al Gobierno para celebrar el referéndum del agua
La junta de portavoces del Ayuntamiento de Alcoy acordó ayer solicitar autorización al Gobierno central para convocar un referéndum popular sobre la adjudicación de la gestión del servicio municipal de agua a una empresa privada. El acuerdo responde a la petición de una consulta popular, avalada por 9.000 firmas y cerca de 2.000 personas que el pasado lunes se manifestaron por las calles de Alcoy como rechazo a la privatización.Los portavoces de EU y NE, Lluis Torró y Francesc Valor, interpretaron este trámite como una manera de dilatar la convocatoria de la consulta "por el miedo a perder el referéndum" que tiene el gobierno local, integrado por el PSPV. Torró agregó que la idea de los socialistas es "tomar una decisión contraviniendo la voluntad de los ciudadanos", y denunció el "grave atentado a la democracia" que para él supone el proceso para la privatización de la gestión del agua.
Los dos líderes de izquierda, que se encuentran en la oposición tras la ruptura del pacto de gobierno con el PSPV a raíz de esta privatización, dejaron patente su sospecha de que la consulta popular "no será autorizada", y señalaron la posibilidad de que se deniegue debido a que se aborda una consulta sobre un acuerdo plenario ya tomado para la adjudicación del servicio a una empresa privada. "En caso de autorizarse sería para cuando el servicio ya esté adjudicado de manera irreversible", señaló Torró.
En la eventual adjudicación de la concesión tan sólo concursa la sociedad anónima Seraguas. Esta firma, en cuyo capital social participa Fomento de Construcciones y Contratas, ya obtuvo este mismo año la adjudicación de la gestión del servicio de depuración de aguas, que mantiene junto con la Sociedad de Inversiones de las Comarcas Centrales, que se ha beneficiado de la adjudicación de la gestión del servicio de autobuses urbanos y ganó la polémica concesión de instalación y explotación del servicio de gas ciudad, que actualmente se encuentra paralizada a la espera de una resolución judicial.
El pliego de condiciones para la concesión de la gestión del servicio establecía que las proposiciones deberían presentarse en persona en el Ayuntamiento, motivo por el cual la Iniciativa ciutadana per la gestió pública de l'aigua ha iniciado un recurso de reposición al considerarse vulnerado el reglamento general de contratación del Estado, que establece la posibilidad de la entrega de plicas por correo para no favorecer a los aspirantes locales frente a los foráneos..
EU considera que el plazo para la apertura de plicas fue "absolutamente insuficiente".
