Los socialistas piden más tiempo para que las cajas cumplan la ley

Los socialistas andaluces han pedido a la Consejería de Economía y Hacienda que amplíe el plazo para que las cajas de ahorro adapten sus estatutos a lo que determina la ley de Cajas y dar así una salida temporal al enorme embrollo político que ha supuesto la insubordinación de las asambleas de cuatro entidades a acatar lo que determina la norma autonómica. Los servicios jurídicos de Economía y Hacienda estudian varias vías para atajar una situación que todos los dirigentes del PSOE consultados califican como la más grave que ha vivido el Gobierno de Manuel Chaves en los últimos cuatro años y que podría derivar en una crisis sin precedentes.

Las asambleas de las cajas San Fernando, El Monte, la General de Granada y Jaén se han opuesto, al no alcanzar los dos tercios necesarios, a adaptar sus estatutos a la ley de Cajas de Ahorro, proceso cuyo plazo termina mañana. Los socialistas andaluces, inmersos en sus debates internos, pidieron hace tres semanas a la Consejería de Economía que ampliara el plazo de adaptación para ganar tiempo y lograr mayorías sólidas, a lo que el Gobierno contestó que no era posible legalmente, según afirmó ayer el vicesecretario general del PSOE y ponente de la ley, José Asenjo. Sin embargo, fuentes de Economía informaron ayer de que los servicios jurídicos de la consejería sí estudian ahora las opciones que quedan para modificar la ley.El Gobierno andaluz, por boca de su portavoz, Rafael Camacho, no descartó ayer ningún escenario para que las cajas rebeldes cumplan la ley autonómica, pero cualquiera que se contemple deberá conducir necesariamente al cumplimiento y la aplicación estricta de la ley, destacó.

Ejercicio de responsabilidad

En este sentido se pronunció el secretario de Organización socialista, Luis Pizarro, quien pidió a todos los partidos un "ejercicio de responsabilidad" para evitar que el asunto vaya a más.

Pizarro reconoció a EL PAÍS que ha habido "diferencias" entre los propios socialistas y dijo tener el "convencimiento moral" de que ni el presidente de la caja San Fernando, Juan Manuel López Benjumea, ni el del El Monte, Isidoro Beneroso, ambos militantes del PSOE, "han hecho el esfuerzo suficiente para sacar adelante" la adecuación de sus estatutos a la ley. "Eso lo tendrán que explicar dentro del partido", apostilló. Con todo y, a su juicio, la mayor responsabilidad en la insumisión de las asambleas se la achaca al PP, al que calificó de irresponsable.

Otras fuentes socialistas consideran que la actitud pasiva de los dos presidentes sevillanos es una respuesta a la oposición de Magdalena Álvarez a la fusión de las dos entidades.

El portavoz popular, Antonio Sanz, admitió sin rodeos que su formación se había empleado a fondo en convencer a los miembros de la asambleas (fundamentalmente a los impositores) "para imposibilitar sacar adelante la ley" y aseguró que ese planteamiento no hubiera salido adelante "sin los votos de algunos socialistas". Sanz lanzó duras críticas contra la consejera Magdalena Álvarez y gravísimas acusaciones contra los directivos de Unicaja, la única entidad que ha cumplido la ley, ya que, según dijo, "ha habido miedo y amenazas" para que los integrantes de esa asamblea "cambiaran de actitud" y votaran a favor de la adaptación de los estatutos. Sanz subrayó que esta entidad fue la única en la que "se impidió" el voto secreto.

En las últimas semanas ha habido contactos entre el presidente del grupo socialista, José Caballos, y el portavoz del PP, Antonio Sanz, sobre el proceso de adaptación, si bien en esa conversación, que abarcó otros temas parlamentarios, no se llegó a un acuerdo concreto.

Dirigentes del PSOE andaluz insistieron ayer en la vía de prorrogar el plazo de adaptación y consideraron desproporcionada la posibilidad de una intervención en las cajas rebeldes. El propio Asenjo matizó sus declaraciones del pasado domingo, en las que defendía la intervención del Banco de España y la de la Junta, a través de la imposición de nuevos estatutos a las cajas desobedientes, y señaló que esa opción era una más de las medidas que se podían tomar ante la insumisión de las asambleas.

Todas las fuentes del PSOE consultadas aseguran que la aplicación de la ley de cajas, cuya aprobación en el Parlamento estuvo precedida por una amplia polémica y cuyo texto inicial sufrió amputaciones en el trámite de enmiendas por parte de los grupos, se les ha ido de las manos y abogaron por retomar el diálogo. Primero con sus socios de Gobierno, el Partido Andalucista, cuyos representantes en las asambleas se han abstenido, y después con el PP, cuya beligerancia en este tema responde, según fuentes parlamentarias, a directrices nacionales.

Los socialistas se preguntan en voz alta si no ha habido negligencia por parte de algunas organizaciones del PSOE a la hora de amarrar los resultados. En este sentido destacan los casos de Granada, donde algunos ayuntamientos gobernados por los socialistas no han renovado a sus representantes en las asambleas, y el de Jaén, a cuyo secretario provincial y consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, se le atribuye una capacidad de control descomunal.

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