La salud no espera

Los medios de comunicación han recogido en las últimas semanas diversas noticias que han puesto de actualidad un tema tan delicado como las listas de espera hospitalarias. Independientemente de la casualidad de que este hecho se haya convertido en noticiable desde distintos puntos de España y se haya extendido de forma más o menos intencionada como un reguero de pólvora, éste es un problema que existe. Por tanto es obligación de cualquier responsable político intentar acabar con él.Para el Gobierno de Eduardo Zaplana fue objetivo prioritario desde el año 95 el reducir las listas de espera en nuestra Comunidad y para ello se tomaron distintas iniciativas para intentar resolver uno de los problemas que angustiaban a cerca de sesenta mil valencianos y a sus familias. La salud no siempre espera turno, menos después de pedirlo, para ser atendido. Por tal motivo, el Gobierno popular ideó un plan de choque para atender a esos miles de pacientes que esperaban ser atendidos. Así, nuestra Comunidad fue pionera en poner en marcha unidades alternativas a la hospitalización convencional como fueron las de cirugía sin ingreso, las unidades médicas de corta distancia, la hospitalización a domicilio o los hospitales de día polivalentes.

La puesta en marcha de los quirófanos por la tarde permitió operar a 57.000 ciudadanos más y se mejoró el rendimiento de nuestros hospitales públicos incrementándose el número de intervenciones en más de un 36%.

Pero sin duda un recurso fundamental para la reducción de las listas de espera es el plan de choque. Este plan es un seguro para que cualquier valenciano que esté en lista de espera pueda acceder de forma voluntaria y gratuita a un hospital privado cuya calidad está siempre garantizada. El hecho de que 98.000 valencianos hayan escogido esta opción demuestra muy a las claras que la aceptación de esta medida obliga a la conveniencia de mantenerla. En estos momentos hay alrededor de 12.000 valencianos en lista de espera, lo que hace que su eliminación todavía sea un objetivo fundamental del gobierno de Eduardo Zaplana.

En este mismo periódico, el señor Ribó se empeñó recientemente en tratar de convencer a los lectores de la existencia de un deterioro en la sanidad pública y que el Gobierno valenciano utiliza de forma exhaustiva los recursos privados abandonando a su suerte todo lo que sea público. Nada más alejado de la realidad. Los datos oficiales no pueden ser más clarificadores: en el trienio 92-95 se invirtió en alta tecnología 630 millones de pesetas, mientras que en el 96-99 se invirtieron 1.850; la Comunidad Valenciana tenía 17 TAC y ahora 28; contamos en estos momentos con 112 nuevos centros de salud (51 funcionando, 44 en construcción y 17 programados); se ha pasado de tres SAMUS en el 95 a las actuales 34; se ha construido el Hospital de la Ribera, se está finalizando el Hospital de La Plana y vamos a tener un Hospital La Fe con más y mejores medios para todos los valencianos.

Además, respecto a los conciertos sanitarios tan denostados por el señor Ribó, habría que recordarle que en el año 98, la Consejería de Sanidad gastó 11.644 millones de pesetas en concertar servicios necesarios como son las radioterapias, hemodiálisis o las ambulancias. Sin embargo, el PSOE concertó en el año 95 una cantidad semejante, 11.772 millones de pesetas, pero, sin embargo, por aquel entonces no se oían las críticas de EU a la política privatizadora realizada por el PSOE.

La oposición ha venido criticando el plan de choque desde antes incluso de que fuera implantado. Intentaron desviar la atención de los ciudadanos a un debate sobre sanidad pública o privada inexistente en estos momentos en nuestra Comunidad, tratando de hacer del plan de choque la diana de su escasa iniciativa política.

Esta crítica ha quedado en evidencia cuando el pasado 6 de junio el Consejo Interterritorial de Sanidad consideró que estas medidas aprobadas hace cinco años por el Gobierno del PP en la Comunidad Valenciana son referencia obligada para solucionar este problema a nivel nacional.

El acuerdo unánime de este consejo formado por el ministerio así como por representantes de todas las comunidades autónomas independientemente de su signo político, avala que en la Comunidad Valenciana se está trabajando en la línea correcta y, sin descartar otras posibles medidas a tomar por el Gobierno valenciano, se debe seguir profundizando en las que ya han demostrado su eficacia.

Antonio Clemente Olivert es portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas.