El Gobierno acelera la liberalización económica

El Consejo de Ministros aprobó ayer su "voluminoso" paquete de medidas "para consolidar el crecimiento y la creación de empleo", según lo definió ayer el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato. No se trata de medidas de choque contra la inflación, como las adoptadas el pasado año, sino de "hacer un traje más grande para la economía española".El abanico es muy amplio. Abarca desde el comercio hasta los impuestos, los libros de texto, las farmacias o los notarios, pero donde verdaderamente se pone el acento es en los grandes oligopolios del sector de la energía y en lo que queda de telecomunicaciones. Se ha dejado prácticamente la reforma para abaratar el suelo.

Rato dio ayer dos claves que explican el diseño final de estas medidas que calificó de "rupturistas". Se han mantenido contactos con todos los sectores afectados y el Gobierno "ha tenido en cuenta los intereses corporativos, pero nunca ha respondido a ellos". Se va a exigir a las empresas, añadió, "una demostración de eficacia" y que compartan "que una mayor competencia es necesaria para la economía española".

En especial, en lo que respecta a los "vestigios autárquicos" que, según Rato, todavía perviven como consecuencia de "la forma en que se realizaron las privatizaciones durante la anterior etapa"; es decir, en la época socialista. Las resistencias han sido fuertes, como antes lo eran las de los socios nacionalistas catalanes del Gobierno, y en algún aspecto han conseguido parar o atemperar las primeras intenciones del Gobierno.

Por ejemplo, en la tarifa eléctrica para los consumidores domésticos. En principio se estudió una rebaja inmediata, pero finalmente se ha decidido aplicar, como máximo, una del 9% en tres años, a partir de 2001 y a un ritmo no necesariamente uniforme. De hecho, esta rebaja es algo inferior a la que se ha producido en los últimos años, si bien es cierto que las posibilidades de recorte son cada vez menores.

Esta decisión expresa otra de las líneas maestras del plan aprobado ayer. No se busca bajar la inflación a golpe de rebajas de las tarifas aún reguladas -electricidad, gas y llamadas locales- sino abrir la competencia con reformas estructurales de fondo. La inflación está ahora en el 3,2% (según criterios armonizados para toda la UE), muy lejos de los demás socios del euro y del límite del 2% fijado por el Banco Central Europeo (BCE).

Pero la prioridad del Gobierno es, según insistió ayer Rato, afianzar el crecimiento económico. En la actualidad, explicó, "la economía crece por encima de la media europea y crea más empleo, y de lo que se trata es de mantener esta situación". Si para ello la inflación tiene que ser un poco más alta -no tanto como ahora-, la opción del Gobierno está clara.

Los actuales cuellos de botella de la economía española son una traba a ese desarrollo y suponen, además, un foco de inflación. De forma muy clara en el sector de las gasolinas, donde el espectacular aumento de los precios del petróleo ha repercutido mucho más a los consumidores españoles que a los europeos.

El Gobierno ha descartado volver al sistema de precios máximos, como proponía el PSOE, pero limita entre tres y cinco años el desarrollo de las empresas que controlan el sector (Repsol y Cepsa). Lo mismo hace en el sector eléctrico (Endesa e Iberdrola) y a medio plazo, se rompe el monopolio del gas (Enagas).

Hay, además, medidas para limitar las concentraciones de empresas en los sectores de electricidad, hidrocarburos y telefonía, para salvaguardar la competencia. Por ejemplo, se establece que un mismo accionista no podrá tener representación en el consejo de administración de más de un operador.

Límite del 3%

Además, si su participación supera el 3% en dos o más operadores, no podrá ejercer los derechos de voto correspondientes al exceso en ese porcentaje en uno de ellos, ni nombrar consejeros. De hecho, éstos han sido los criterios que el Gobierno ha aplicado a las dos grandes fusiones bancarias recientes, la del BBVA y la del BSCH, y en el acuerdo del BBVA con Telefónica.

Pero ahora estos criterios adquieren rango legal, a lo que se añade que las operaciones de concentración en cualquier sector quedarán en suspenso hasta que el Gobierno dé su veredicto. El Tribunal de Defensa de la Competencia deberá emitir un dictamen en dos meses (antes tres) y el Gobierno trendrá un mes (antes tres) para pronunciarse.

En horarios comerciales, sin embargo, la reforma no ha sido tan amplia como en principio quería Rato, debido a las resistencias de las comunidades autónomas. Tampoco las reformas en el sector del suelo pasan de ser un catálogo de buenas intenciones, en este caso, por las presiones de los ayuntamientos.

Igualmente, se ha descartado que los pensionistas paguen parte de las medicinas, por la impopularidad de la medida. El Ministerio de Sanidad, sin embargo, trabaja en un nuevo sistema que tendrá en cuenta el nivel de renta para modular el copago. Se modifican los márgenes de las farmacias con un ahorro estimado de 40.000 millones de pesetas.

En los impuestos, las reformas van encaminadas al fomento del ahorro privado, si bien las presiones de los grandes bancos y las aseguradoras han hecho al Gobierno desistir de la idea de que el cambio de fondo de inversión no tribute. Mejora el tratamiento fiscal de los seguros y de los fondos de inversión. Otras medidas consisten en que los notarios podrán hacer un descuento del 10% en sus aranceles que se liberalizan en operaciones a partir de 1.000 millones de pesetas. Los aranceles de los registradores se reducen un 5%.