El Gobierno cede a las exigencias de IU y UA para poder salvar su principal plan de empleo EDUARDO AZUMENDI Vitoria
Al final, el consejero de Trabajo, Sabin Intxaurraga, pudo respirar aliviado. El Plan Interinstitucional de Empleo, la principal apuesta del Ejecutivo en esta materia, elaborado con diputaciones y ayuntamientos para el periodo 2000-2003, logró ayer in extremis el respaldo del Parlamento. El equipo de Intxaurraga se pasó todo el día en los pasillos de la Cámara transaccionando las propuestas de IU y Unidad Alavesa. La ausencia de EH de la Comisión de Trabajo dejó el protagonismo a las dos formaciones del Grupo Mixto, cuyos votos impidieron el rechazo del plan.
Cuando Intxaurraga llegó a la Cámara a las nueve y media de la mañana, los augurios eran sombríos para él. El portavoz del grupo parlamentario de EA, Rafael Larreina, le informó de que iba a ser difícil que EH acudiera a la comisión a apoyar el plan, donde la coalición abertzale cuenta con tres votos. PNV y EA suman siete, el PP tiene cuatro, el PSE tres, y el Grupo Mixto uno, de UA, que actúa en nombre de las dos formaciones. Populares y socialistas habían presentado sendas propuestas de resolución exigiendo la devolución del plan al no estar de acuerdo con sus objetivos. Así, los votos de EH eran cruciales. Con este panorama, el consejero se dedicó a desgranar las bondades del proyecto con la incertidumbre de si saldría al final adelante.El enfado y la inquietud entre los responsables de Trabajo ante la espantada de EH era patente. El plan ha supuesto un año de negociaciones con diputaciones y ayuntamientos. Es la primera vez que se coordinan las políticas de empleo entre todos los niveles institucionales de Euskadi.
Jubilaciones anticipadas
El presupuesto del proyecto asciende a 51.854 millones, de los que más de 36.305 serán aportados por el Ejecutivo, más de 11.229 millones por la Diputación de Vizcaya, más de 2.026 por la de Álava y más de 2.292 por la de Guipúzcoa. El objetivo inicial del proyecto es reducir al final del cuatrienio la tasa de paro al 9,84%; elevar la de actividad al 56,2%, crear 75.000 empleos y que haya un millón de personas ocupadas.
La imposibilidad de que PP y PSE retirasen sus propuestas de devolución obligó al Gobierno a volcarse en la negociación con IU y UA. De las 31 proposiciones planteadas por los foralistas, salieron adelante todas menos seis. La más importante se refiere a la puesta en marcha de un plan de choque de jubilaciones anticipadas. La propuesta aprobada insta al Gobierno a rejuvenecer las plantillas de Osakidetza (23.000 trabajadores) y de Educación (16.000) usando "todos los incentivos que sean posibles". Para ello, el Ejecutivo deberá tomar como referencia el modelo seguido en las empresas privadas del sector Servicios, lo que supondrá un coste mucho mayor del que actualmente destina el Gabinete a jubilaciones anticipadas.
Izquierda Unida logró pasar 15 de las 20 propuestas que planteó. Entre las más significativas destacan que la Administración dé prioridad en los contratos públicos a las empresas que estén aplicando medidas de reparto del trabajo, eliminando horas extras y reduciendo la jornada a 35 horas semanales y el impulso en el sector público de los contratos de sustitución y renovación de plantillas, algo que ahora sólo se hace en la empresa privada.
Lo que ya no pudo controlar el Gobierno fue una de las siete propuestas de resolución que sacó adelante el PSE con los votos del resto de la oposición y que obliga al departamento a redefinir los objetivos de creación de empleo y las tasas de actividad establecidas en el plan. Esta exigencia, sin llegar a ser un rechazo explícito, sí obliga al Gobierno a modificar sus expectativas, catalogadas como "excesivamente conservadoras" por los grupos. Así, el plan deberá intentar que la tasa de actividad se sitúe en un 60% en 2003 frente al 56,2% previsto en principio y la del paro en un 7% por el 9,84% calculado por el Gobierno.
A pesar de que el PP no accedió a la petición del Ejecutivo de retirar su petición de devolución, consiguió transaccionar varias iniciativas con EA y PNV, que accedieron a incluir reclamaciones como la ampliación de los periodos de prácticas en la Formación Profesional Ocupacional. También se aprobó una propuesta popular que insta al Gobierno a que la oferta pública de empleo prevista este año reconozca la situación "especial" del colectivo de interinos, algo que enfrenta al Ejecutivo con los sindicatos.
