Beneficencia

Ya se estaba haciendo esperar algún gesto del consejero Rafael Blasco desde que tomó posesión de este su nuevo departamento de Bienestar Social a finales del pasado mes de mayo. Se hacía esperar, decimos, y al mismo tiempo nutría la curiosidad de quienes hemos visto en esa parcela y desde que se constituyó una suerte de centro asistencial, con visos de limosnero, subrepticia o descaradamente -según la oportunidad- electoralista. Quizá no haya sido esa la intención, pero deberá admitirse que los responsables de esta parcela, hasta ahora, no han apuntado otros propósitos y han pasado por ella sin pena ni gloria, por más que se les haya premiado con sendos ascensos. Suele darse el caso.Con el citado consejero en el puente de mando teníamos al menos asegurado que su tránsito por el mismo no sería inane. Para constatarlo basta con tomar nota de la batería de leyes, planes de cooperación y nuevos organismos que acaba de anunciar en el hemiciclo de las Cortes para darle un giro total a la función y funcionamiento de esa consejería. Si algo era previsible era que Blasco no perdería un minuto antes de ponerse a elaborar un paquete sustancioso de proyectos legislativos para los que se revela singularmente dotado. Un día habría que contabilizar cuántas iniciativas de este género y de alto calado le incumben en el andamiaje legal del gobierno autonómico. Pero éste es otro cantar.

De todas las propuestas anunciadas nos parece que lo más decisivo, en tanto no lleguen a ramos de bendecir, es el aliento que las tiñe, la muy distinta perspectiva con que se quieren tejer. En su conjunto apuntan a la liquidación de la beneficencia como fórmula y criterio tradicional para subvenir determinadas y crecientes necesidades sociales. Dicho de otro modo: se instaura el derecho insoslayable de los ciudadanos a recibir una atención digna, en lugar de la mortificante discrecionalidad que con unos u otros ardides se reservaban las administraciones. No creo que los partidos de izquierda puedan objetar el meollo de este compromiso, del que probablemente han sido despojados.

Un derecho exigible, decimos, y unos servicios eficientes acordes con la calidad de vida que los ciudadanos demandan, como ha proclamado Blasco. El consejero, pues, ha rizado el rizo, poniéndose altísimo el listón de sus cumplimientos. No hay más que echarle un vistazo a los colectivos menos atendidos o resueltamente marginados para columbrar la temeridad del desafío, que hemos de suponer será asumido por el partido que gobierna la Generalitat y que habrá tenido muy en cuenta los recursos económicos que puede y quiere movilizar.

Pero de este capítulo no ha dicho una sola palabra el audaz consejero. Nos ha señalado el plausible rumbo de su política y el desguace de la beneficencia caduca, pero ni una sola pista acerca de los cuantiosos medios económicos que requerirá su vasto plan y los plazos de ejecución. Cuando se padecen tan demoradas esperas quirúrgicas, pongamos por ejemplo, no ha de extrañar que nos armemos de escepticismo y nos remitamos a una próxima comparecencia del consejero en la que explique fil per randa cómo piensa financiar esa justa y aguerrida propuesta. Que Anthony Giddens y Tony Blair lo cojan confesado.