Un ingeniero municipal de Pozuelo recomendó adjudicar a su socio obras por 2.500 millones
Leopoldo Gómez Gutiérrez, ingeniero municipal de Pozuelo de Alarcón, ha recomendado en diversos informes técnicos la contratación de una empresa, Construcciones Mariano Tello, cuyo dueño, Mariano Tello Sánchez, es su socio en dos inmobiliarias. La sociedad de Tello ha recibido más de 2.500 millones desde 1992 en obras municipales de Pozuelo, según denuncia el PSOE. Además, el ingeniero municipal de Pozuelo ha sido contratado a dedo por el Ayuntamiento de Madrid. El PSOE considera que ha vulnerado la ley tanto al recomendar contratos para su socio como al cobrar de dos municipios.
Este funcionario del Ayuntamiento de Pozuelo, con 21 años de antigüedad, está vinculado a Mariano Tello Sánchez a través de la inmobiliaria Imperial 41, creada en 1988. Ambos son administradores solidarios. Esta sociedad poseía una finca en la calle madrileña del mismo nombre con un volumen edificable de 3.243 metros. Además, ha sido administrador de la inmobiliaria Los Llanos de Pozuelo, donde también figura Mariano Tello, que posee unas fincas de 42.000 metros en dicho municipio desde 1991. Gómez Gutiérrez cesó como consejero de esa inmobiliaria en 1995, pero mantiene un 15% de sus acciones, según ha confirmado él mismo a este periódico. El funcionario compatibiliza su empleo público, donde tiene que analizar ofertas de constructoras e inmobiliarias, con sus negocios urbanísticos privados. Gómez Gutiérrez y Mariano Tello comparten domicilio social en la calle de Opón, donde reside la constructora de Tello y las inmobiliarias de Gómez Gutiérrez y Tello.
Esos negocios conjuntos no han impedido a Gómez Gutiérrez informar en diciembre de 1997 a favor de la adjudicación a Construcciones Mariano Tello del contrato exclusivo de mantenimiento y reparación de la pavimentación. Dicho contrato, vigente desde 1997 al 2001, ha supuesto ya 750 millones de facturación al socio del funcionario, según el PSOE, que hace la oposición al Gobierno popular de Pozuelo.
Desde 1992, Mariano Tello ha facturado al Ayuntamiento de Pozuelo 1.837 millones en obras menores, que le fueron adjudicadas directamente con la intervención de su socio y funcionario, según el PSOE.
La portavoz socialista en Pozuelo, Esther Alonso, asegura que este empresario, con el inestimable aval técnico de su socio funcionario, además, ha obtenido otros 625 millones en concursos desde 1993 para obras como la pavimentación de las calles Almería, Jose Navarro Reverter, Venus y Platón, plaza de Roma, San Silvestre, Amparo, Gil y Coca; o la construcción de una galería y del parque de las Cábilas; o la remodelación de aceras en general, entre otros. El PSOE calcula que la suma de sus contratos supera ya los 2.500 millones de pesetas (el presupuesto del Ayuntamiento de Pozuelo para este año es de 11.015 millones).
Adjudicación a dedo
El funcionario de Pozuelo es administrador único de Elementos Urbanísticos, que recibió un contrato de 7,6 millones en 1996 del Ayuntamiento de Madrid, a través de la Gerencia de Urbanismo, para el estudio sobre un aparcamiento en Lavapiés. Y es administrador de la firma Gasopet, dedicada a la venta de carburantes, donde coincide con Enrique Fernández del Castaño, marido y socio de una hija del ex concejal de Obras Enrique Villoria.
Del área de Obras del Ayuntamiento de Madrid, dirigida hasta abril de 1999 por Villoria, ha recibido contratos para diversas asistencias técnicas. En 1992 realizó estudios de topografía y geotécnicos en la avenida de Pamplona; en 1994 se le encargó a dedo un estudio del entorno de la plaza de Oriente, y en 1995 hizo un trabajo para el anillo verde de Vallecas. Un portavoz de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid confirmó que este funcionario de Pozuelo ha realizado diversas asistencias técnicas y no declaró que fuera incompatible con su trabajo oficial en Pozuelo. "Nosotros no investigamos si es cierto o no", añadió el portavoz municipal.
La concejal socialista Esther Alonso denuncia una evidente ilegalidad: "La ley impide compatibilidad alguna al personal que desempeñe puestos que impliquen la percepción de complementos específicos, y este funcionario los cobra". Alonso denuncia que, además de que el Ayuntamiento debería conocer y autorizar cada proyecto privado que hiciera, este funcionario nunca podría recibir más de una retribución pública, por lo que sería ilegal que le contratase el Ayuntamiento de Madrid. Pero más grave le parece que valore ofertas de su socio. "Su papel es vigilar, elaborar y asesorar todos los proyectos que se lleven a cabo en obras por el Ayuntamiento. Por eso no bastaría con declarar tales labores, pues algunas son claramente incompatibles. No puede ser juez y parte. No puede juzgar si es buena o mala la oferta de quien es su socio", indica Alonso. Los socialistas exigirán una comisión de investigación para esclarecer esta situación, y pedirán responsabilidades al alcalde.
