Cosas que hacer contra la inflación GERMÀ BEL

El ritmo del aumento de precios en España vuelve a ser preocupante. El 3,1% de inflación interanual en mayo nos retrotrae a niveles de 1996. El mayor problema que plantea esta evolución de los precios es el ensanchamiento del diferencial de inflación con la Unión Europea. Como nuestros precios crecen más que los de nuestros principales socios comerciales, nuestras exportaciones pierden competitividad. Y si esta tendencia se mantiene, vamos a acabar pagando las consecuencias en forma de pérdida de puestos de trabajo y aumento del paro.En Cataluña tenemos el problema por partida doble. Los precios crecen el 3,5%, por encima de la tasa media española, tal y como sucede desde hace tiempo. Además del deterioro de la posición de las empresas exportadoras catalanas, están perdiendo poder de compra los asalariados, los pensionistas y en general quienes no pueden defenderse de la inflación diferencial. Asimismo, las administraciones catalanas, tanto la Generalitat como las locales, están perdiendo capacidad real de gasto.

¿Por qué está creciendo la inflación? En parte por causas ajenas a la política económica española. Los precios mundiales del petróleo y el tipo de cambio euro-dólar no están bajo control del Gobierno español, y tampoco lo están los tipos de interés y la política monetaria general, que dependen del Banco Central Europeo. Pero estos factores no explican toda la inflación, ni explican -por ser similares en todos los países de la Unión Europea- nuestra mayor inflación.

En última instancia, nuestros gobiernos, el español y el catalán, echan mano de una supuesta inevitabilidad de mayores tasas de inflación a causa del mayor crecimiento económico, de España respecto a Europa y de Cataluña respecto a España. Pero esto no es coherente con la realidad que nos rodea, como se puede comprobar en el último y reciente Economic Outlook de la OCDE: en la Unión Europea, Suecia, Holanda y Finlandia crecen tanto o más que España y tienen tasas de inflación menores, y lo mismo sucede en otros países, como Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda.

Existen factores específicos de la política española que ayudan a entender por qué nuestros precios suben más. El más importante en estos momentos es la subsistencia de rigideces en los mercados de bienes y servicios. Especialmente en los sectores de servicios públicos en red, como las telecomunicaciones o los energéticos, la introducción de competencia ha sido muy lenta. Además, se siguen permitiendo -cuando no autorizando- abusos de la posición de dominio que detentan las grandes empresas en estos mercados. De la persistencia de situaciones de monopolio se derivan precios más altos y menores posibilidades de elección para las familias y para las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Mencionaré sólo tres ejemplos de la levedad liberalizadora en España y algunas de sus consecuencias.

En materia de estímulo a la entrada de nuevas empresas para aumentar la competencia, el Gobierno anuncia la inminente puesta en marcha del proceso de liberalización de la telefonía local. Pero conviene señalar en este sentido que ya hace tiempo que Dinamarca, Alemania, Austria e Italia han roto ese monopolio, y otros, como Holanda, Suecia y el Reino Unido, están en una fase muy avanzada del proceso. Por el contrario, España está en el pelotón de cola de Europa en ritmo de introducción de competencia.

En materia de precios regulados en sectores en vías de liberalización, el Gobierno y las eléctricas dan cuenta regularmente de bajadas de tarifas. Es cierto que el precio medio del kilovatio-hora viene reduciéndose en términos reales (descontada la inflación) desde 1991, y últimamente también en términos nominales. Pero las medias no lo dicen todo: el último informe mensual de La Caixa informa de que el precio medio del kilovatio-hora para la industria se situó en 8,7 pesetas en 1999, mientras que para las familias y pymes llegó a las 22,4 pesetas. Esta diferencia tan grande (superior al 150%) es excepcional y está muy por encima de la media de la Unión Europea. Como es sabido, sólo Portugal nos supera en precio antes de impuestos de la electricidad para familias y pymes.

Por último, en materia de defensa de la competencia y prevención o sanción de acuerdos entre empresas para subir precios, Italia nos acaba de ofrecer un gran ejemplo: la autoridad antimonopolio ha multado severamente -con 56.000 millones de pesetas, el 3,5% de su facturación anual- a las petroleras por pactar el precio de la gasolina. Aquí hasta Aznar ha reconocido que la conducta de las petroleras es un tanto sospechosa, pero en la práctica no se hace nada.

Sólo con modificar la política en estos tres aspectos se podría ayudar mucho a contener la inflación. La atribución de mayores poderes y más recursos a los organismos antimonopolio, tanto a las comisiones que controlan a los sectores regulados como al Tribunal de Defensa de la Competencia, sería un inmejorable reflejo de la existencia de una voluntad política decidida en esta dirección. Y los consumidores y las pymes saldríamos ganando.