Imprudencias al volante: un drama impune

Jordi Recasens estaba parado en un paso de peatones esperando que el semáforo se pusiera verde cuando un coche le arrastró, a él y a su bicicleta, más de 40 metros. Murió en el acto. Era un sábado por la mañana, el conductor tenía 24 años y había bebido unas copas de más. La prueba de alcoholemia mostró que el grado de alcohol en sangre era de 1,19 grados. Jordi tenía entonces 35 años, estaba casado y era padre de dos hijos, de dos y seis años. Su madre, Ana María Camps, preside ahora la Asociación de Afectados por los Accidentes de Tráfico (APAT) y explica que su nieto se ha vuelto agresivo y tiene pánico a que un día su madre se vaya y no vuelva más. La hija pequeña cree que su padre está en el cielo, pero volverá.El caso de Jordi llegó a los tribunales. El juez pidió para el acusado dos años y medio de cárcel y la retirada del permiso de conducir durante cuatro años. El conductor recurrió la sentencia, y la familia de Jordi, también. Llevan un año esperando que el Tribunal Supremo se pronuncie. Joan Maria Xiol, vicepresidente del Colegio de Abogados de Barcelona, explica que en la mayoría de casos como éste, el juez no pide más de dos años de cárcel. Si el acusado no tiene antecedentes, ni siquiera ingresa en prisión. La compañía de seguros paga la indemnización y el asunto se salda con unos meses sin carné de conducir.

Permisividad

Las víctimas de atropellos tienen la impresión que se ha instalado en la sociedad española una gran permisividad en relación a las imprudencias con el volante. Se han agrupado en asociaciones y reclaman un endurecimiento de la normativa. Otras voces comienzan a cuestionar también la impunidad que se percibe. El viernes, el propio consejero de Interior del Gobierno catalán, Xavier Pomés, anunció que la Generalitat propondrá la reforma de los códigos de Circulación y Penal para endurecer las sanciones a los conductores que "sistemáticamente" incumplen las normas de circulación. Y para garantizar que estas sanciones se cumplan.

Pomés cree que deben adoptarse medidas para acabar con la "sensación de impunidad" de algunos conductores reincidentes, que son multados reiteradamente sin que cambien de conducta y que ponen en peligro la seguridad del resto de conductores.

Eugenia Domenech Moral, abogada especializada en accidentes de tráfico, lleva 12 años defendiendo a víctimas de imprudencias. Explica que "en la mayoría de los casos no se tiene en cuenta la gravedad de los accidentes y se consideran actos involuntarios". El Código Penal considera delito conducir bajo los efectos del alcohol o de forma temeraria "con consciente desprecio por la vida de los demás". Éste sería el caso de los conductores kamikazes que invaden el carril contrario o participan en carreras ilegales. Por mucho que hayan puesto en peligro la vida de los demás, estos conductores se enfrentan a penas de cárcel de hasta cuatro años y a una retirada del carnet de conducir de hasta seis años, "pero nunca he visto ingresar a nadie en prisión por algo así", advierte Domenech.

El resto de imprudencias, como saltarse un paso de peatones y atropellar a alguien, añade, se consideran faltas leves en el 90% de los casos. Y entonces se sigue un proceso administrativo, en el que, según explica Xiol, "la indemnización corre a cuenta de la compañía de seguros; al acusado se le retira el permiso de conducir como máximo tres meses y debe pagar una multa, que casi nunca excede de las 200.000 pesetas". Si juez califica la imprudencia como falta grave, se seguirá un procedimiento penal y podrá pedir penas de cárcel. En la práctica, sin embargo, "resulta castigado con más severidad quien comete una imprudencia delante de un guardia que si atropella al propio guardia. Si el guardia le ve, habrá de pagar al menos multa, que puede ser elevada. Pero si atropella al guardia, puede suceder que no vaya a la cárcel y la indemnización la pague el seguro", añade Xiol.

A ello hay que añadir que cuando una imprudencia de tráfico es calificada como leve, el fiscal no puede actuar de oficio. En muchos casos, dado que existen parámetros sobre las indemnizaciones a las que tienen derecho las víctimas según cada caso, la compañía de seguros ofrece una cantidad a la víctima a cambio de que retire la denuncia. Muchas víctimas aceptan porque saben que no tienen posibilidades de que se imponga una sanción penal y de este modo, al menos, perciben la indemnización antes. En este caso, al retirarse la denuncia, el conductor imprudente, ni paga multa ni se le retira el permiso de conducir.

Para Xiol, la solución sería separar la reclamación de la indemnización de la sanción penal, de manera que el fiscal pudiera exigir responsabilidades al conductor aunque el afectado retirara la denuncia, como ocurre, por ejemplo, en Francia.

Ley o aplicación

La pregunta es: esta situación, ¿es consecuencia de la ley o de su aplicación? Para Xiol, "es una cuestión de aplicación de la ley más que de legislación". En cambio, Montserrat Comas, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona, reconoce que la mayoría de los accidentes de tráfico se consideran imprudencias leves, pero opina que el problema no es de aplicación de la ley, sino de legislación. "El Código Penal no define, ni da ningún criterio orientativo sobre lo que se entiende por imprudencia leve o imprudencia grave". Ante este vacío, "los jueces tienden a decantarse por la imprudencia leve, porque no es bueno que ellos suplan la falta de definición del Código Penal". Comas cree que para corregir esta situación sería preciso un cambio legislativo.

"El problema es que el coche y la fluidez del tráfico se consideran más importantes que la seguridad vial", afirma Ole Thorson, experto en movilidad y vicepresidente de la asociación Prevención de Accidentes de Tráfico. Para Thorson, está claro que el Gobierno no tiene una verdadera voluntad política de combatir la siniestrabilidad.

Ana María Camps está convencida de que la la seguridad en las carreteras mejorará cuando el conductor sepa que si comete una imprudencia deberá responder de las consecuencias. La APAT ha iniciado una campaña de recogida de firmas para pedir al Parlamento un cambio legislativo que implante un mayor rigor para los conductores que den positivo en un control de alcoholemia. Camps sugiere que una de la formas de sanción sea obligar a estos conductores a cuidar durante un tiempo a tetrapléjicos por accidente de tráfico.