Los sindicatos y el PSOE acudirán al Constitucional si la reforma restringe derechos fundamentales

Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores, Nueva Izquierda y la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España anunciaron ayer en una rueda de prensa conjunta su intención de acudir al Tribunal Constitucional si sale adelante la nueva Ley de Extranjería anunciada por el Gobierno el pasado miércoles. Los portavoces de esas organizaciones consideran que el proyecto de ley, tal y como ha sido presentado, es "inconstitucional".La iniciativa de recurrir al Tribunal Constitucional si se aprueban las reformas anunciadas por el Gobierno fue propuesta por Nueva Izquierda -integrada en el Grupo Socialista- y ha sido secundada por los citados sindicatos y ATIME. Todos estiman que las reformas enunciadas por el delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández Miranda, suponen una involución respecto a la legislación actual, en la medida en que esos cambios atentan, según ellos, contra derechos fundamentales -asistencia letrada, asociación y sindicación- que la normativa vigente reconoce a los extranjeros con independencia de su situación administrativa.

Las portavoces de CCOO y de UGT sobre inmigración, Paloma López y Almudena Fontecha, respectivamente, anunciaron que sus sindicatos seguirán afiliando a todo aquel que lo solicite "independientemente de que tenga o no tenga papeles, tal y como establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT)". Diego López garrido, diputado de Nueva Izquierda, declaró que "el Gobierno ha redactado un proyecto de ley sin tener en cuenta para nada a la Constitución española".

La portavoz del PSOE en materia de inmigración, Delia Blanco, aseguró que el grupo parlamentario socialista "no va a negociar este proyecto de ley, más aún cuando parece haber serias dudas sobre su constitucionalidad". Blanco quiso salir así al paso de las dudas expresadas el pasado jueves por Fernández Miranda sobre la posición del PSOE respecto a la propuesta de reforma hecha por el Gobierno.

La diputada socialista mostró su apoyo a la iniciativa de Nueva Izquierda de recurrir al Tribunal Constitucional en caso de que "haya graves indicios de inconstitucionalidad en el proyecto de ley".

La portavoz de Jueces para la Democracia, Montserrat Comas, afirmó ayer que "no hace falta tener autorización administrativa para tener la condición de persona".

Nueva Izquierda ha pedido ya al recién nombrado Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, una investigación "inmediata, profunda y urgente" sobre la aplicación por el Gobierno de la Ley de Extranjería vigente. Múgica eludió ayer dar una opinión sobre la reforma planteada por el Ejecutivo, y recordó que "como miembro de la minoría socialista" apoyó con su voto el actual texto de la ley, "que parece bueno". El defensor agregó que si el PP quiere cambiarlo "ahora que tiene mayoría absoluta" espera que lo haga con el máximo consenso.

El Foro de la Inmigración, que tiene previsto reunirse el próximo día 20, si bien los sindicatos han solicitado un aplazamiento para estudiar mejor el borrador de la nueva ley, sindicatos, asociaciones no gubernamentales y Administración debatirán si ese organismo se suma a la iniciativa de Nueva Izquierda, tal y como desean las centrales sindicales y ATIME.