El pequeño comercio, los sindicatos y la oposición, contra la ampliación de horarios

El pequeño y el mediano comercio, los sindicatos y todos los partidos políticos de la oposición (PSOE, CiU, PNV e IU) mostraron ayer su oposición al plan del Gobierno de ampliar los horarios comerciales desde 72 horas a 90 horas semanales y la apertura de hasta 20 días festivos desde los ocho actuales. Asimismo, la propuesta de dejar plena libertad de horarios al pequeño comercio puso en pie de guerra a un sector que aglutina 600.000 comerciantes. Las grandes superficies y los consumidores hicieron frente común para apoyar la ampliación de horarios.

El pequeño comercio se siente "engañado" por el Gobierno en los horarios comerciales y ya está en pie de guerra. Así lo explicó ayer Pere Llorens, presidente de la Confederación Española de Comercio, que representa a 600.000 pequeños comerciantes y que controlan el 17% de la cuota de mercado. Llorens anunció que el pequeño comercio "se movilizará hasta donde sea necesario para detener unas medidas que no tienen ningún sentido". Asimismo, recordó Llorens que en la última campaña electoral el ahora ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, anunció públicamente que "el PP no ampliaría los horarios comerciales".Para la CEC, es "innegociable" la apertura de más de ocho domingos al año como fijó la Ley de Comercio que entró en vigor en febrero de 1996 y que fue aprobada por consenso". "Han lanzado la idea de que se abrirá entre 16 y 20 domingos para luego dejarlo en 12 y hacernos creer que han cedido y no estamos dispuestos a ser utilizados", recalcó Llorens.

El mediano comercio (supermercados) representado por Asedas (que controla el 53% de la cuota de mercado) apoya las tesis de la CEC y pide que no se varíe la actual apertura de festivos (ocho en todas las comunidades con excepción de Madrid con 12 festivos). "El plan del Gobierno solamente beneficia a las grandes empresas y perjudicará a las 975.000 mujeres que trabajan en el sector minorista, que perderán su descanso dominical fijo", afirma.

Madrid y Barcelona

En España, las grandes superficies (controlan el 31% del mercado nacional) apoyaron ayer las medidas del Gobierno. El director general de la Asociación de Grandes Empresas de Distribución, (ANGED), Juan Arenas, dijo que están a favor de cualquier ampliación de horarios y puso el ejemplo de la Comunidad de Madrid, en la que se abre 12 domingos y que cuenta con la inflación comercial más baja. Arenas apostó, no obstante, por una liberalización de los horarios que se apruebe por consenso de todo el sector.

Cataluña, la comunidad donde el pequeño comercio goza de una fuerte protección por parte del Gobierno autonómico, es la comunidad donde más suben los precios, y una de las que tiene menos densidad de hipermercados.

Según datos de ANGED, los precios del comercio subieron en Cataluña un 2,6% el año pasado frente al 2% en el conjunto del país y muy por encima del 1,5% que crecieron en Madrid. La diferencia de precios es aún mayor en el subsector del vestido y del calzado, ya que los precios subieron en Cataluña un 3,3% frente al 2,3% de promedio español.

Los consumidores se unieron a la postura de ANGED. El responsable de comercio de la Unión de Consumidores de España, Enrique García, dijo ayer que "la flexibilidad de horarios es una demanda de la sociedad actual". Los grupos políticos de la oposición fueron unánimes al criticar la propuesta del Gobierno. Para el PSOE, la libertad de horarios "quebraría la estabilidad del pequeño comercio y pidió al Gobierno que no actúe con prepotencia para romper el consenso que el sector consiguió en el año 1996". Por su parte, el Grupo Federal de IU se mostró "totalmente contrario a la medida porque no soluciona el problema de la inflación". Para el PNV el aumento del horario comercial "no aumentarían las ventas y repercutiría negativamente en el empleo".

La respuesta más contundente vino de la Consejería de Industria y Comercio de la Generalitat, que asegura que "su Gobierno no aplicará la liberalizacion de horarios ya que el Ejecutivo catalán tiene plenas competencias en comercio". Para el diputado de CiU, Jordi Jané, la Ley de Comercio de 1996 "es una ley orgánica que no puede modificarse por el Consejo de Ministros sin contar con las Comunidades Autónomas".

No ir contra los pequeños

El Gobierno ha anunciado que no ampliará los horarios comerciales sin consultar a las autonomías como establece la Ley de Comercio de 1996. No obstante, el ministro de Economía, Rodrigo Rato, en su comparecencia del 7 de junio dijo que "en cuanto a la preocupación que tienen los partidos políticos sobre las competencias de las comunidades autónomas, no deben tenerla, pero el Estado también tiene competencias sobre la fijación del marco de actividad general de la economía".

Ayer Rato, tras las reacciones contrarias que se habían producido, aseguró que el Gobierno no tomará ninguna medida que perjudique a la pequeña y mediana empresa.

También los grandes sindicatos han mostrado su frontal rechazo al plan del Gobierno. UGT y CCOO acusaron al Ejecutivo de beneficiar a los intereses de los grandes distribuidores y de "ningunear" a las comunidades autónomas con las que se llegó a un consenso en 1996 para aprobar un marco normativo vigente hasta ahora.

El debate reabierto ayer reproduce las mismas posiciones de los años 1994 y 1995. En ese periodo, se avanzó muy lentamente en un texto que inspiró CiU y que fue consensuado con el PSOE entonces en el Gobierno, pero en plena decadencia por los escándalos políticos surgidos.