Intxaurraga muestra su "cabreo" porque el plan de empleo se debata en comisión

El consejero de Trabajo, Sabin Intxaurraga, fue ayer de lo más expresivo a la hora de mostrar su enfado por la decisión de la Junta de Portavoces del Parlamento de trasladar el pleno sobre el empleo previsto para el día 22 a una comisión (ver EL PAÍS de ayer). El titular de la cartera dijo sentirse "profundamente cabreado", sentimiento que hizo extensivo al conjunto del Gobierno, por una decisión que supone rebajar de forma notable el nivel político del debate.Intxaurraga se mostró tajante en sus declaraciones a Radio Euskadi: "En el Gobierno vasco, y perdóneseme la expresión, estamos profundamente cabreados" por la resolución de la Junta de Portavoces. Con todo, Eusko Alkartasuna, el partido del consejero, fue el único que votó en contra de la decisión, que tuvo el apoyo del otro socio del Ejecutivo, el PNV.

El consejero agregó que "si el principal problema de la ciudadanía vasca" es el paro "cómo puede decidir la Junta de Portavoces que el Plan Interinstitucional por el Empleo se lleve a las catacumbas, es decir, se debata en una comisión, cuando desgraciadamente todos los viernes de todo el año, estamos viendo que se está discutiendo sobre chorradas". Los viernes se celebran habitualmente los plenos en la Cámara de Vitoria.

Intxaurraga apostó porque la resolución de la Junta de Portavoces sea "reconducida" para que "estos temas que preocupan a los ciudadanos tengan repercusión en la sociedad y, evidentemente, eso se logra mucho más llevando la discusión al pleno del Parlamento y no a una comisión".

La Junta de Portavoces avaló su decisión con varios informes jurídicos.

Financiación de Hobetuz

El titular de Trabajo recalcó también lo que considera "incumplimientos" de la Administarción central respecto a la financiación de Hobetuz, la fundación vasca para la formación continua. Con todo, Intxaurraga se mostró partidario de no cerrar la vía del diálogo, ya que ir a los tribunales contra el Estado en este asunto sería "la peor solución". El propio consejero aludió recientemente a la posibilidad de llevar este asunto ante la Justicia si no se llega a un acuerdo con la Administración central que satisfaga las reclamaciones vascas.

De no llegarse a un consenso con el ministerio, las instituciones autonómicas se verían obligadas a arbitrar una solución, "aunque sea provisional".

Intxaurraga insistió en la necesidad de que la formación continua vasca reciba del Ministerio de Trabajo los más de 3.400 millones de pesetas que su departamento considera que están pendientes de trasvasar para el presente ejercicio.

Lo contrario supondría, a su juicio, "castigar a las empresas y a los trabajadores y perjudicar la competitividad de las compañías, en la medida en que las nuevas tecnologías hacen necesario que todo el mundo se esté formando día a día".