Fraga afirma que la fiscalía representó al Gobierno en el 'caso Pinochet'
El presidente de la Xunta de Galicia y fundador del Partido Popular, Manuel Fraga, contradijo ayer la doctrina oficial del Gobierno de su partido al asegurar que los fiscales de la Audiencia Nacional actuaban en representación del Ejecutivo cuando trataron de impedir la extradición a España del exdictador chileno Augusto Pinochet. Fraga consideró "una anécdota, incluso de carácter humorístico", las actuaciones del juez Baltasar Garzón para intentar que Pinochet respondiese en España de las acusaciones de genocidio, terrorismo y tortura.El presidente de la Xunta hizo estas declaraciones en Santiago de Chile, país en el que inició el pasado martes una visita oficial junto con una delegación de empresarios gallegos. Esta visita es la primera de un representante público español a Chile tras el empeoramiento de las relaciones entre ambos países por la detención de Pinochet en Londres a solicitud del juez Garzón. El Gobierno no ha sido completamente ajeno a los preparativos del viaje de Fraga a Chile, ya que el asunto se trató en Madrid entre el presidente de la Xunta y el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué. A última hora de ayer, Fraga iba a ser recibido por el presidente de Chile, Ricardo Lagos.
Una "anécdota personal"
Uno de los primeros actos del presidente gallego tras la llegada a la capital chilena -en la madrugada de ayer, hora española- fue precisamente una reunión con la cúpula de la patronal de ese país. En su intento de evitar que los resquemores suscitados por el caso Pinochet afecten a los intercambios comerciales con Chile, el fundador del PP se afanó en desvincular al Gobierno español del proceso para juzgar al exdictador. En su encuentro con los empresarios chilenos, Fraga aseguró: "Lo ocurrido con Pinochet no ha pasado de la categoría de anécdota personal de un solo magistrado, que no ha tenido el apoyo del Gobierno español, representado por sus fiscales".
Fue, sin embargo, el Gobierno de Aznar el que, tras la detención de Pinochet en Londres, dio curso a la solicitud de extradición en un plazo de apenas tres días, con una celeridad desconocida hasta entonces. Las actuaciones de Garzón contaron con el respaldo del pleno de la Audiencia Nacional frente a la dura oposición de la fiscalía, que defendió con vehemencia la tesis de que la justicia española no era competente para juzgar a Pinochet. El Gobierno, a través de su presidente, José María Aznar, y de varios ministros, sostuvo siempre que no había impartido ningún tipo de instrucciones a la fiscalía y que se limitaba a respetar las actuaciones de los órganos judiciales. Finalmente, el Ejecutivo rectificó su postura inicial y facilitó la vuelta de Pinochet a Chile al negarse a recurrir su libertad por motivos de salud.
Fraga recordó que él siempre se opuso al proceso abierto al exdictador. "Hemos sido muchos los españoles, amigos y admiradores de Chile, que hemos opinado claramente en contra", dijo el presidente de la Xunta, quien a continuación se permitió tranquilizar a los empresarios chilenos en nombre de España: "Esto indica claramente el deseo que tiene España, también en este terreno, de invertir en afecto, en comprensión y en cooperación". "Lo demás son puras anécdotas, que incluso tienen carácter humorístico".
En el acto con Fraga, la patronal chilena hizo patente su devoción pinochetista. Según informa Europa Press, el presidente de los empresarios de ese país, Walter Riesco, confesó sin rodeos su "gran lealtad al Gobierno militar que devolvió las propiedades requisadas por el Gobierno marxista-leninista". Riesco consideró que el proceso a Pinochet se inició por la "resolución injusta de un juez" y que el asunto tuvo un "carácter político" tanto en España como en el Reino Unido. A la pregunta de si los empresarios chilenos se enfrentarían al actual Ejecutivo si permite el enjuiciamiento de Pinochet, Riesco respondió que Chile mantendría "la misma lealtad que mostró en el momento de la detención". A pesar de todo, el presidente de los empresarios aseguró que entre Chile y España ya ha desaparecido "cualquier cicatriz, por pequeña que hubiera sido".
"Un insulto a la justicia", según políticos y jueces
Las declaraciones de Fraga en Santiago de Chile no tardaron en ser contestadas ayer desde ámbitos políticos y jurídicos. El secretario general del PSdeG-PSOE, Emilio Pérez Touriño, las calificó de "intolerables e inadmisibles" y la secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista, María Teresa Fernández de la Vega, manifestó que reflejan "lo que piensan, pero no dicen" el PP y el Gobierno. "Cada vez es más obvio que si alguien quiere saber qué es y qué piensa el PP, no hay más que esperar a que hable Fraga", añadió.El secretario general de Nueva Izquierda, Diego López Garrido, calificó de "sonrojantes" las declaraciones y opinó que Fraga ha confirmado que "todos los obstáculos del proceso han sido teledirigidos desde el Gobierno".
El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Ricardo Bodas, tildó las palabras de Fraga de "lamentables, aunque aleccionadoras", porque "viene a manifestar ya de manera pública que el Gobierno de España y sus fiscales llevaban una política de obstrucción al proceso de extradición de Pinochet". Montserrat Comas, de la misma asociación, las calificó como "un insulto a la justicia española", ya que 11 magistrados de la Audiencia Ncional respaldaron a Garzón.
El presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Adrián Salazar, manifestó que las declaraciones de Fraga son la confirmación de que el Ejecutivo jugó "un doble juego" en este asunto "al asegurar que respetaba la independencia de los tribunales y colaboraba con ellos cuando en realidad nunca los apoyó".
José Luis Requero, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, afirmó que Fraga expresó una opinión personal: "Si lo que intentaba era poner en duda la base jurídica de la instrucción de Garzón, nunca lo podrá demostrar, pues el caso se ha cerrado de forma inédita sin juicio".
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