Medio Ambiente se escuda en la excepcionalidad para explicar el accidente de Teià

"No estaba previsto". Felip Puig, consejero de Medio Ambiente, recurrió ayer una y otra vez a la falta de previsión de las normas "europea, española y catalana" para explicar las causas del accidente de la planta de compostaje de Teià que costó la vida a tres operarios. Finalmente, Puig confirmó ante la comisión de Política Territorial del Parlament, donde acudió a petición propia, que la muerte de los operarios fue debida a una emanación tóxica de ácido sulfhídrico. El gas se formó a partir de la mezcla de fangos con "una inusual" presencia de sulfuros y un nivel de acidez igualmente fuera de lo habitual. La formación de este gas en la zona de recepción de fangos, donde se produjo el accidente, "no está contemplada" en ninguna normativa vigente, señaló. El accidente se produjo, según Puig, sobre las 9.15 del viernes, debido a la mezcla de fangos de la depuradora de Mataró con unos niveles de sulfuros totales alrededor de 1.900 miligramos por kilo, entre cuatro y cinco veces mayores de los hallados normalmente, y fangos de la depuradora Teià-Masnou. Estos últimos, con un pH (nivel de acidez) de entre 5,6 y 5,8. La mezcla, catalizada por las elevadas temperaturas de esos días, produjo una reacción química de la que emanó ácido sulfhídrico.

La instrucción judicial, junto con una segunda instrucción laboral sobre medidas de seguridad, añadió, aclarará lo que por el momento se considera "la hipótesis más plausible" sobre lo sucedido. Puig no aclaró por qué los niveles eran, según sus propias palabras, extraordinarios.

La normativa, prosiguió Puig, que descartó problemas de diseño en la planta de Teià, no prevé la formación de ácido sulfhídrico en el área de recepción de fangos. Por ese motivo, dijo, no hay nada previsto para eventualidades de este tipo. A pesar de ello, anunció la creación de dos comisiones, una de carácter científico y otra laboral, para que elaboren propuestas que, eventualmente, se traduzcan en la revisión de las normas actualmente vigentes.

Entre los elementos que podrían variar sustancialmente, el consejero citó la puesta en marcha de mecanismos de control y seguimiento de los fangos a la salida de las depuradoras y a la entrada de las plantas de tratamiento, un mayor control sobre el transporte de fangos, incrementar la lista de compuestos a considerar en los análisis e incluir sistemas para la detección de gases. Asimismo, nuevas medidas de inspección sobre las empresas que gestionan las depuradoras (en el caso de Teià corresponde a la compañía Cepsa, que aún no se ha pronunciado sobre el accidente) y sobre el cumplimiento de las normativas laborales.

Manel Nadal (PSC) reclamó que la Administración "asuma sus responsabilidades" en el accidente, dado que la titularidad de la planta corresponde a la Generalitat. Pidió, asimismo, la revisión del diseño de esa planta y de otras similares y cuestionó el actual catálogo de residuos, para el que también pidió una revisión.

Bet Font, de IC-V, abogó por revisar la legislación y lamentó que en el sistema de saneamiento catalán de aguas sigan mezclándose las residuales urbanas con industriales, lo que, dijo, agrava la situación. ERC, por su parte, se cebó en las presuntas deficiencias de ventilación de la planta y en la necesidad de implementar medidas laborales más estrictas. El PP aplaudió la intención de Puig de revisar la normativa.