La Generalitat formará a los inmigrantes menores sin papeles

La Generalitat ha decidido desactivar por anticipado lo que fuentes del Departamento de Trabajo califican de peligro de "bomba social". De ahora en adelante, los jóvenes menores de edad procedentes de países no comunitarios no quedarán excluidos de la formación ocupacional subvencionada por el Gobierno catalán aunque todavía no tengan los papeles en regla. Bastará con que hayan iniciado los trámites para su regularización y acepten la tutela de la Dirección General de Atención a la Infancia.

Hasta ahora, los cursos de formación para parados, con una dotación presupuestaria de 9.700 millones de pesetas este año, estaban vetados a los jóvenes no comunitarios sin documentación.La medida, de aplicación inmediata, está incluida en una resolución conjunta de los departamentos de Trabajo, Justicia y Bienestar Social. El consejero de Trabajo, Lluís Franco, se refirió ayer escuetamente a esta medida ante la comisión de política social del Parlament como una muestra de la línea que seguirá para fomentar la integración social de los extranjeros extracomunitarios. "Queremos que vengan con los mismos derechos y deberes que los autóctonos", afirmó Franco.

De esta medida se beneficiarán todos los jóvenes de entre 16 y 18 años procedentes de países no comunitarios que hayan iniciado los trámites para su regularización y que estén tutelados por la Generalitat. En Cataluña se encuentran en esta situación de tutela un centenar de extranjeros menores de edad. Con todo, la medida podría afectar a miles de jóvenes que se encuentran en esta situación. "Es imposible contar a quienes no aceptan ser ayudados, que son muchos más", dijeron fuentes del Departamento de Trabajo.

Quienes hayan cumplido 18 años y se hallen en situación de irregularidad quedan fuera de la resolución. El consejero calificó esta medida de "pionera", dado que la nueva Ley de Extranjería establece el derecho a la igualdad de los inmigrantes en materia educativa, pero sólo se refiere a los que tienen sus papeles en regla.

Durante su comparecencia, Lluís Franco informó de que desde el pasado enero su departamento ha impuesto sanciones por valor de 842 millones de pesetas a diversas empresas por fallos en la normativa contra accidentes de trabajo.

Por otra parte, Lluís Franco ha destituido a Juan Martín Toribio, alto cargo de su departamento, que se ha visto salpicado por el llamado caso Pallerols. Sus iniciales han aparecido en la contabilidad de los centros de formación de parados de Fidel Pallerols, que recibieron subvenciones deTrabajo, como presunto receptor de material informático y de oficina.