Alcaldes y concejales de Alicante cobran dividendos presuntamente irregulares desde 1984

Alcaldes y concejales de Alicante han cobrado, de forma presuntamente irregular y desde 1984, las pagas de beneficios que anualmente reparten las empresas mixtas en las que participan, según se desprende del articulado de la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que prohíbe taxativamente a los cargos públicos el cobro de cantidad alguna por su participación en empresas públicas o privadas, excepto dietas o indemnizaciones por asistencia a reuniones. Díaz Alperi exigirá la devolución del dinero si se confirma el cobro indebido.

La crisis interna que atraviesa el grupo de concejales del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante destapó ayer una cadena de presuntos cobros irregulares que afectaría a decenas de cargos públicos que, desde 1984, han pasado por los consejos de administración de las empresas mixtas Aguas Municipalizadas de Alicante y Emarasa, que gestiona la red de alcantarillado y la depuración de aguas de la ciudad. Tradicionalmente, estas empresas abonan una paga anual de beneficios a sus consejeros, ingresos que, en lo que respecta a alcaldes y concejales beneficiados, violarían el articulado de la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que en su artículo ocho prescribe que los consejeros que representen al sector público "sólo podrán percibir las dietas o indemnizaciones que correspondan" por su asistencia a los consejos de administración. "Las cantidades devengadas por cualquier otro concepto", añade la ley, "serán ingresadas directamente [...] a la tesorería pública que corresponda".Los cargos públicos del Ayuntamiento de Alicante que han pertenecido y pertenecen a los consejos de administración de esas empresas mixtas reconocieron ayer, sin embargo, que han cobrado "normalmente" la paga de beneficios, sin que nadie advirtiera de que se trataba de una irregularidad.

Desde el actual alcalde, Luis Díaz Alperi, del PP, hasta los ex mandatarios locales Ángel Luna y José Luis Lassaletta, del PSPV, declararon ayer que ignoraban esa incompatibilidad, y se manifestaron "dispuestos" a devolver lo cobrado si se confirma que se trata de ingresos indebidos.

La situación irregular se conoció el viernes, cuando el actual portavoz de los socialistas, José Antonio Pina, registró en Alcaldía un documento en el que reclama informes jurídicos al respecto para que, en su caso, no le sea ingresado el dinero que, como consejero de Aguas Municipalizadas, esperaba cobrar en julio. Díaz Alperi trasladó ese mismo día el caso a los responsables de la empresa mixta, que, ignorantes de la situación legal, reclamaron a su vez informes a los servicios jurídicos de Aguas de Barcelona, empresa matriz.

"Me han apuntado", declaró ayer Luis Díaz Alperi, "que ese dinero se percibe en concepto de participación estatutaria, como beneficio de empresa, y parece que pueden ofrecerse argumentos jurídicos que justifiquen los ingresos, aunque Aguas de Barcelona no emitirá su informe hasta tenerlo bien fundamentado". "En cualquier caso", añadió el alcalde, "si nos confirman que se trata de cobros irregulares se dejarán de percibir, y tendremos que devolver todo lo cobrado".

Esas pagas de beneficios de dudosa legalidad han variado, al alza, a lo largo de los años. De los resultados económicos registrados el año pasado, los consejeros de Aguas Municipalizadas iban a cobrar en las próximas semanas unas 700.000 pesetas brutas, y 400.000 los de Emarasa. Ambas empresas están presididas por el alcalde.

"Los políticos no somos expertos en temas jurídicos, y si esos cobros son irregulares alguien tenía que habernos avisado". Los ingresos se registran en las nóminas de los concejales, están sujetos a retenciones fiscales y constan en los certificados para la declaración anual de la renta.