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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Efecto llamada, 2

Que España se haya convertido en un santuario de mafiosos italianos condenados en su país en rebeldía es un problema para Italia, pero lo es también para España. Nada más lógico, entonces, que ambos Gobiernos hayan acordado, en la cumbre bilateral celebrada este fin de semana en Nápoles, establecer un grupo de trabajo para encontrar una solución técnica a un problema que amenazaba con convertirse en conflicto político. Pero la prueba de que el problema pilló desprevenidos a ambos Gobiernos es que ninguno de los respectivos ministros de Justicia figuraba entre los asistentes al encuentro.El problema es que el sistema judicial español no concede extradiciones de delincuentes condenados en rebeldía en Italia por considerar que en ese tipo de juicios no se dan en dicho país las garantías de defensa exigibles. La judicatura italiana lo niega e invoca a su favor que el Tribunal de Estrasburgo considera la legislación italiana conforme a las exigencias del Convenio Europeo de Extradición, y que de hecho todos los países europeos, excepto España, conceden las extradiciones sin mayor dificultad. La peor de las soluciones sería establecer un debate sobre quién lleva razón. Es evidente que ni los jueces españoles ni los italianos están a favor de la impunidad de los mafiosos; luego, si existe un problema legal, son las normas correspondientes las que deben armonizarse. Es lo que se ha decidido en Nápoles. No puede ser tan difícil acordar celebrar un segundo juicio, ya con presencia del acusado, tras la extradición. Hay otras posibilidades; por ejemplo, a través de los sistemas de apelaciones.

España está tan interesada como Italia en encontrar una solución. Primero, porque esa singularidad ha potenciado un "efecto llamada" -éste, plenamente confirmado- y convertido a nuestro país en santuario de mafiosos que eligen proseguir aquí su carrera; segundo, porque tal excepcionalidad contrasta con la prioridad que España concede al principio de espacio judicial europeo con vistas a la rápida extradición de terroristas por parte de otros países.

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