España e Italia reclaman a la UE una política común para luchar contra la inmigración ilegal.

España e Italia presentarán una iniciativa conjunta ante la UE para que ésta tenga una política común de inmigración. Así lo anunciaron ayer, tras la cumbre bilateral celebrada en Nápoles, los jefes de los gobiernos español e italiano, José María Aznar y Giuliano Amato. Ambos países están en la frontera sur de Europa y son los más afectados por la llegada masiva de sin papeles: magrebíes y subsaharianos en el caso español, y albaneses y kurdos, en el italiano. Aznar y Amato propusieron incluso ampliar a esta materia la fórmula de cooperación reforzada que se aplica, por ejemplo, a la moneda única, y que permitiría que un núcleo de países pudiera armonizar ya el control de sus fronteras, sin esperar a que los demás se sumen al acuerdo.

El primer ministro italiano subrayó que la inmigración no es un problema nacional sino europeo, pues "quienes entran en España o Italia lo hacen en la Unión", por lo que es necesario que haya "reglas comunes y responsabilidades compartidas para la admisión y expulsión de inmigrantes". Aznar, por su parte, reveló que los ministros de Justicia e Interior de los dos países han recibido ya el encargo de preparar una iniciativa conjunta ante la UE que, a su juicio, no sólo resulta "posible y deseable" sino que será "bien recibida" por los demás socios."Ordenar los flujos de inmigrantes es el mejor sistema para equiparar sus derechos a los de los residentes nacionales", argumentó el jefe del Gobierno español. Tras preguntarse por qué no se puede abordar este fenómeno con la misma filosofía de integración europea que regula otras materias, concluyó que "España está totalmente dispuesta a ello". Hasta ahora, la Unión Europea ha avanzado hacia una política común de asilo, pero mantiene la cooperación entre policías en el marco de la colaboración intergubernamental.

La iniciativa hispano-italiana pasa por llevar hasta sus últimas consecuencias la consideración de las fronteras exteriores de la UE como fronteras comunes. Ello supone no sólo que las normas de admisión y expulsión de inmigrantes sean las mismas, como apuntó ayer Amato, sino que los cuantiosos costes económicos derivados de su control también puedan ser compartidos. España quiere, además, que los acuerdos bilaterales de readmisión de ilegales, como el que tiene con Marruecos, adquieran carácter comunitario y sean negociados por Bruselas.

Amato subrayó la conveniencia de que los mecanismos europeos de control de la inmigración se "pongan a prueba", aunque sea sólo por parte de algunos países, antes de que la UE se amplíe con nuevos miembros que, como Polonia, Chequia o Hungría, llevarán las fronteras de la Unión hacia el Este, complicando aún más la actual situación.

La elaboración de una iniciativa conjunta sobre control de fronteras fue uno de los pocos frutos concretos del seminario que, durante dos días, reunió en Nápoles a once ministros (Economía, Exteriores, Interior, Defensa, Ciencia y Tecnología y Portavoz) de los dos Gobiernos. Aunque España e Italia comparten puntos de vista en muchas de las reformas institucionales que debe abordar la Conferencia Intergubernamental -pues se trata de dos países meridionales y medianos desde el punto de vista económico y demográfico-, Aznar evitó trasladar la idea de un frente hispano-italiano en la UE, en contraposición al franco-alemán. La debilidad del Gobierno italiano, sumido en una crisis crónica, le invalida como socio fiable, a ojos del Ejecutivo español.

Tampoco Amato, más allá de las buenas palabras, se mostró muy generoso con sus huéspedes. Preguntado sobre si está dispuesto a apoyar la incorporación de España al G-8, el club de los países más desarrollados del mundo, el primer ministro italiano respondió dando largas y explicando que, aunque no está cerrado a que cambie la composición de los organismos internacionales, tampoco es partidario de las "revoluciones".

Aznar, orgulloso, se mostró convencido de que España acabará ingresando "de forma natural" en el G-8, pero aseguró que este asunto "no forma parte de ninguna obsesión de la política española". Ambos países sí están de acuerdo en flexibilizar las sanciones impuestas a Austria.