Uncio ante Zaplana

La noticia de que el director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), José Manuel Uncio, constituyó una sociedad para gestionar su patrimonio con ventaja, debe ser analizada con las máximas cautelas. Se ha abierto un caso en el que aún los cálculos más prudentes de quien tiene la penúltima palabra sobre el caso van a entrar en colisión.Se trata de un asunto en el que no sólo está en juego el honor personal del alto cargo, que como el de cualquier otro ciudadano no puede ser puesto en cuestión por meras conjeturas o sospechas. La dimensión de la crisis abierta puede ser de gran envergadura, dado el relevante papel que la entidad representa como poder financiero de la Generalitat, es decir como auténtico banco de la Administración pública valenciana.

Es indudable que Uncio no actuó precisamente con prudencia cuando en enero pasado constituyó la sociedad Global Strategies and Financial Solution, aún cuando ésta haya permanecido inactiva, como afirma el interesado. Es una actuación que le está estrictamente vedada en función de su cargo y especialmente, si se tiene en cuenta el objeto de la sociedad creada: consultoría de empresas y compraventa y explotación de toda clase de fincas rústicas o urbanas. Porque, según su propia información institucional, el IVF tiene como objeto solucionar "uno de los mayores problemas de las empresas a la hora de realizar sus proyectos de inversión", como "es la obtención de financiación a largo plazo en condiciones adecuadas". De ahí que una de las actividades principales del instituto sea la financiación a empresas privadas de hasta el 75% de sus inversiones y siempre para préstamos superiores a 50 millones de pesetas. La incompatibilidad entre lo público y lo privado parece aquí bastante evidente y ya se encargará la oposición de resaltarla y de exigir las responsabilidades que se derivan.

Con todo, la mayor gravedad de todo este asunto, me temo, que no radica sólo ahí, sino sobre todo en el papel que le corresponde al IVF como organismo gestor de la deuda pública valenciana, es decir de los capitales tomados a préstamo por la Generalitat en forma de pagarés, bonos y obligaciones, así como la gestión de otros fondos de inversión. Unos valores que salen a subasta competitiva y que son objeto de calificación por parte de agencias internacionales como la famosa Moody's. La gestión del IVF está, pues, sometida al veredicto de los mercados internacionales y con ella, la solvencia de la Hacienda pública valenciana. Y aquí vale aquello que decía Alfonso Escámez refiriéndose a la banca en general: "Mire, nosotros no somos sólo nosotros, sino como los demás nos ven".

La relevancia del IVF como uno de los mecanismos claves del Tesoro valenciano, plantea, en consecuencia, una difícil papeleta al presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, por muy convencido que esté de la "inocencia" con la que actuó Uncio a la hora de prever la gestión de una próxima herencia y dando por buena la versión alegada por el interesado en su descargo. Hasta ahora, en otras ocasiones difíciles para su Gobierno como el caso Cartagena o el asunto Cervera, Zaplana se ha demorado en entregar la pieza a las fauces de la oposición. Pero en este nuevo lance, el ojo público va más allá de los partidos y de la prensa y se extiende al empresariado y al sacrosanto mercado.