Un grupo de guardias civiles recurre ante el Supremo contra el traspaso del tráfico a los Mossos

Un grupo de guardias civiles presentará el próximo martes ante el Tribunal Supremo un recurso contra un decreto del Gobierno que traspasa a la Generalitat las competencias del tráfico en las provincias de Barcelona y Tarragona para hacer efectivo el despliegue de los Mossos d'Esquadra, previsto a partir del próximo 1 de diciembre. Los guardias civiles consideran que sufren un trato discriminatorio de la Generalitat por no haber sido traspasados, mientras que sí se ha hecho en los últimos años con otros colectivos, como los médicos o los profesores.

El recurso será presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y solicita que, de forma cautelar, se suspenda la vigencia del decreto 404/2000, aprobado el 24 de marzo por el Consejo de Ministros. Si se acordara esa suspensión, la sustitución de los Mossos d'Esquadra por la Guardia Civil carecería de un marco legal que la haría prácticamente imposible de llevar a cabo en Barcelona y Tarragona. En Girona y Lleida, los Mossos ya tienen asumidas desde hace meses las competencias de tráfico.El Departamento de Interior de la Generalitat declinó ayer realizar cualquier comentario sobre el anuncio de presentación de este recurso. Pese a ello, un portavoz autorizado explicó que el decreto contra el que ahora se recurre es la consecuencia de la ley aprobada de forma unánime por el Congreso en diciembre de 1997, por el que se transfirió a la Generalitat las competencias de tráfico. Como desarrollo de esa misma ley, se dictaron en su día otros dos decretos idénticos al que ahora se impugna que hicieron posible el despliegue en Girona y Lleida. Las mismas fuentes recordaron que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya desestimó en su día un recurso planteado en términos similares contra la convocatoria para cubrir unas plazas de la policía autonómica en Girona.

Derechos mantenidos

Los guardias civiles recurrentes aseguran que reciben un trato de desigualdad, porque mientras los funcionarios civiles adscritos al servicio de tráfico mantienen todos sus derechos y pasan a depender de la Generalitat, los agentes dejarán de ejercer como tales cuando sean traspasados, sin que la ley prevea un nuevo destino. Por ello, cuando hayan transcurrido seis meses sin que los guardias civiles tengan asignado un destino, es más que probable que se produzca su traslado forzoso a otras comunidades.

Los agentes entienden que la configuración del Estado autonómico ha supuesto en los últimos años el traspaso de miles de funcionarios a las comunidades autónomas sin que se produjera ningún perjuicio porque la ley regulaba esa situación, cosa que no ocurre con los guardias civiles. Por eso, los perjuicados opinan que los poderes públicos cometen una arbitrariedad porque "no pueden regular una transferencia dejando a los funcionarios adscritos a los servicios traspasados en la más absoluta indefinición de sus derechos como servidores públicos".

El recurso considera que la sustitución de los guardias civiles por mossos originaría a aquéllos unos "perjuicios irreparables". Por ese motivo, los guardias solicitan que, como mal menor, se compense este perjuicio con una indemnización, y que el Tribunal Supremo cuestione ante el Tribunal Constitucional el decreto contra el que se recurre.

El nuevo despligue de los Mossos d'Esquadra en el control del tráfico prevé destinar 587 policías en Barcelona y 240 en Tarragona. El Departamento de Interior de la Generalitat ha reservado el 15% de estas plazas para agentes de la Guardia Civil de Tráfico. Hace unas semanas, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó igualmente la creación de 70 nuevas plazas de la Guardia Urbana que serán ocupadas en su mayoría por guardias civiles.

Jordi Figuera, abogado de los guardias civiles recurrentes, cuyo número no fue precisado, afirman: "No estamos defendiendo los derechos de unos guardias civiles, sino de unos ciudadanos". En este sentido, recordó que la mayoría de los agentes están muy arraigados en Cataluña, donde han nacido sus hijos y tienen vivienda fija. En el caso de algún guardia civil se da incluso la circunstancia de que su esposa es funcionaria de la Generalitat.