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IU critica a Sánchez Gordillo por apoyar a las falsas 'giraldillas'

VIENE DE LA PÁGINA 1 La sentencia por el caso de las falsas giraldillas estará lista en una semana, según informaron fuentes judiciales. El ministerio fiscal, en sus conclusiones, afirmó que no se trata de criminalizar las reivindicaciones de los acusados y que la acción de estos, "conjunta y combinada, perturbó gravemente el orden público, lo que aumentó su peligrosidad". El fiscal se refirió a una sentencia que se señala que el trastorno de orden público es más grave cuando ocurre espectáculos multitudinarios.

Los abogados de la defensa, por su parte, argumentaron que para demostrar que se ha perturbado el orden público de manera grave tiene que haber "una finalidad de atentar contra la paz pública" y "un resultado lesivo concreto", elementos que no existen en la actuación de sus defendidos a su juicio. En cuanto al caso de resistencia a la autoridad y agresión, dudaron de la veracidad de la versión policial cuando el resto de acusados se entregó sin resistencia.

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Los acusados en el juicio de las falsas 'giraldillas' aseguran que su protesta fue "pacífica y simpática"

A petición de la defensa declararon el secretario de Eusko Alkartasuna y vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco, Rafael Larreina, el miembro del sindicato ELA, Germán Portabarría y el alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU). Los tres testigos dirigieron sus declaraciones sobre las propuestas del Parlamento vasco y andaluz para que los presos cumplan la condena en centros próximos a su domicilio. La coordinadora provincial de IU en Sevilla, Concha Caballero, calificó como "error político" la participación de Sánchez Gordillo en el juicio.

Los acusados que acudieron al juicio ataviados con boinas y camisetas con la misma reivindicación sobre los presos que exhibieron en el Mundial no quisieron pronunciarse a cerca del último atentado mortal de ETA. Dieron una conferencia de prensa en las inmediaciones de los juzgados para denunciar la política penitenciaria del Gobierno.

Una veintena de jóvenes ultraderechistas recibieron a los acusados con insultos y mostraron pancartas con inscripciones como "por el reagrupamiento de presos etarras en la isla de Alborán".

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