Privada o Pública (I)

A. R. ALMODÓVAR

Todo hace pensar que el debate político de los próximos años va a girar en torno al eje privado/público. Un dualismo que se vuelve cada día más áspero y que afecta a asuntos de tanta trascendencia como la educación, la sanidad, la televisión... Está en juego, nada menos, que un modelo de sociedad. A Andalucía, con un Gobierno que se quiere de progreso, le toca marcar las diferencias, hacer palpable su apuesta por el Estado del bienestar, por la calidad y la extensión de los servicios públicos. Pero no lo tiene fácil.

En estos días, varios indicadores vuelven a tintar de rojo el panorama de la educación. El Defensor del Pueblo acaba de dar la voz de alarma en su informe anual, con 1.240 quejas en el sector, a más del doble del siguiente (Obras Públicas, 592). Y ha puesto el dedo en una llaga particularmente dolorosa: muchos adolescentes no quieren ser escolarizados hasta los 16 años y están haciendo insoportable el clima de convivencia en los centros educativos. Sobre todo en los públicos. La tónica es similar a la de los últimos años. En el 98, por ejemplo, fueron 886 quejas, más una dura reprimenda a la Consejería responsable, a la que acusó de llevar a cabo una política de inversiones "profundamente injusta". La semana pasada, varios colectivos de padres exigían en Sevilla que se escolarizara a sus hijos en colegios privados concertados, rechazando de plano, en ciertos casos, la oferta pública que les brindaba la Administración. Al final, ésta ha autorizado que se eleve la ratio (de 25 a 30 alumnos por aula), en ocho zonas, que se suman a otras siete de la provincia. Sorprendente "solución". (Por cierto, no parece sino que a los profesores de la privada se les pudiera cargar con todo.) Sin duda la Consejería se siente abrumada por los problemas que ella misma ha ido acumulando, como el de esos 17.000 profesores interinos -se dice pronto- que lógicamente exigen una solución diferenciada a su situación, y ha de optar por respuestas de emergencia aquí y allá. Pero fíjense cómo muchas de éstas, al final, acaban beneficiando al sector privado. Así, poca cosa podrá hacer frente a otro inquietante dato que acaba de producirse: el Ministerio de Educación, aun en medio de una risible comedieta de decretos y contradecretos en torno a las pruebas de selectividad, ha colado de rondón que la nota media que el alumno trae del centro suponga el 60% de la de acceso a la Universidad. Antes era el 50%. Parece una pequeña cosa, pero es una de las mayores cosas que pueden ocurrir, de nuevo en contra de la enseñanza pública. ¿Resistirán los centros privados la tentación de darles un empujoncito a sus alumnos a través del expediente, para que lleguen más pronto y más lejos en la carrera elegida?

Son más los índices de deterioro que sigue arrojando la enseñanza pública. Un estudio de la Universidad de Granada, de enero de 1999, concluía que "hasta un 27,5% del profesorado de estos tramos (Primaria y Secundaria) presenta síntomas de tipo depresivo, como consecuencia, entre otras, de demasiados alumnos por clase, ruido, presiones ejercidas por estudiantes, padres o superiores, malas relaciones con otros colegas, exceso de trabajo, carencia de medios". Pero lo más chocante es la coletilla de este diagnóstico, que hoy ya no nos cabe.