El Defensor advierte del incremento de la violencia en las aulas andaluzas

Las investigaciones realizadas por técnicos adscritos al Defensor del Pueblo andaluz reflejan un incremento sostenido de la violencia escolar en los últimos años. "Ya es algo más que un problema emergente", indicó el Defensor, José Chamizo, quien hizo ayer entrega de su informe anual al presidente del Parlamento autonómico, Javier Torres-Vela. Entre las 4.507 quejas atendidas por esta institución, más del 25% corresponden al área de Educación. Los problemas de vivienda y los retrasos judiciales concentraron una buena parte del resto de las reclamaciones ciudadanas.

La violencia escolar ya fue motivo de un informe monográfico del Defensor del Pueblo que contó con las aportaciones de varias comunidades autónomas. Chamizo rescató ayer este trabajo para resaltar que los episodios de violencia en las aulas andaluzas no paran de crecer año tras año, aún "sin saltos espectaculares". Los mayores conflictos, según el Defensor andaluz, se concentran en la Educación Secundaria. "La escolarización obligatoria hasta los 16 años está creando muchos problemas", afirmó en conferencia de prensa. El Defensor del Pueblo andaluz rehusó vincular este fenómeno con recientes sucesos (como el asesinato de Klara en San Fernando) protagonizados, supuestamente, por jóvenes. "Eso se debe a la violencia social, la sociedad ha abandonado a los adolescentes", indicó Chamizo, quien acusó a los que piden la revisión de la Ley del Menor de no haberse leído la norma. "Es una ley válida y muy estricta", indicó el Defensor, aunque matizó que "sin recursos económicos suficientes puede convertirse en un caos".

El informe de 1999 vuelve a recoger, un año más, numerosas quejas por los retrasos en la celebración de juicios que apenas se han reducido tras la informatización de los juzgados. En el área de vivienda, que acumuló 592 reclamaciones ciudadanas, el Defensor resaltó el retraso en la aplicación del Plan de Erradicación del Chabolismo, si bien precisó que los problemas se producen por el rechazo social a los realojos.

Chamizo sí valoró la aplicación de la inspección técnica de edificios y resaltó que el III Plan Andaluz de Vivienda destina una importante inversión a la rehabilitación de cascos históricos, "una apuesta del Defensor de siempre". El área de salud se sitúa en cuarto lugar entre las quejas ciudadanas (392) pero provocó el mayor número de intervenciones de oficio del Defensor, sobre todo por situaciones de colapso en los servicios de urgencias.

Quejas desde la cárcel

"Si se incrementaran los servicios de inspección se evitarían muchos problemas", dijo el Defensor en relación a la existencia de residencias de ancianos ilegales. Chamizo informó de que las quejas de la población reclusa habían aumentado. "Muchos piden el traslado a otros centros de la comunidad", indicó el Defensor quien también ha atendido reclamaciones por malos tratos en las prisiones y por el "excesivo rigor en la concesión de permisos".

El informe de 1999 refleja un ligero incremento en el número de quejas atendidas, y un aumento notable de las consultas de la página web de la institución (www. defensor-and.es).