UPN fracasa en su intento de limitar la sanidad gratuita para los inmigrantes

Unión del Pueblo Navarro (UPN) no ha podido llevar a la práctica en la comunidad foral el anunciado objetivo del PP, sus socios en el gobierno de España, de modificar la ley de Extranjería para, entre otras cosas, marcar distancias entre los derechos de los inmigrantes legales y los sin papeles en el acceso a la sanidad gratuita. El Parlamento navarro ha decidido definitivamente extender a todos los inmigrantes la asistencia "con independencia de su situación legal o administrativa". Así lo recogerá el artículo 3.1 de la ley foral de Salud en su nueva redacción.

En Navarra, según cálculos de las centrales sindicales, hay unos 10.000 inmigrantes extranjeros con residencia estable y empleos preferentemente centrados en tareas agrícolas, el comercio y la construcción. De ellos, unos 3.000 se encuentran en situación de ilegalidad y serán los principales beneficiarios de esta nueva cobertura asistencial. UPN insistió hasta el final para que sólo se atendiera de forma gratuita a los inmigrantes que estuvieran empadronados en Navarra.Desde el año 1997, estas personas reciben asistencia cuando padecen una patología de urgencia o lo solicita una de las organizaciones no gubernamentales que trabajan con ellos. Si acuden por su cuenta a la red sanitaria pública, se les considera pacientes privados y se les cobra el costo de la asistencia, que oscila entre las 7.500 y las 15.000 pesetas por término medio. Eso, al margen de tener que abonar el precio de pruebas complementarias como radiografías o análisis.

El deseo de UPN de limitar ese derecho ha chocado con la oposición de toda la Cámara, consciente de que la exigencia de empadronamiento supondría la exclusión de hecho de buena parte de los inmigrantes indocumentados. El motivo es sencillo. Los extranjeros que no tienen regularizada su situación no se empadronan por miedo a que ese acto administrativo les descubra ante la policía y facilite una posible expulsión de España.

La parlamentaria de IU-EB Isabel Arboniés señala otro dato. De los 3.000 sin papeles existentes en Navarra, sólo 700 han tramitado hasta la fecha la solicitud de la llamada tarjeta individual sanitaria (TIS), expedida por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, que da derecho a la cobertura sanitaria. Esa cifra coincide únicamente con quienes se encontraban regularizando su situación legal. Las 2.300 personas restantes no la han pedido ni lo harían si se les exigiera el empadronamiento, lo que significaría marginarlos de la atención sanitaria básica.

PSN, IU-EB, EH, CDN y EA-PNV unieron sus votos en un reciente pleno del Parlamento foral y eliminaron la exigencia inicial del empadronamiento introducida por los regionalistas. Además, el acuerdo de toda la oposición compromete al Ejecutivo de Miguel Sanz a incluir en los Presupuestos de Navarra una partida específica para ese fin y obliga a las autoridades sanitarias a facilitar la tarjeta sanitaria individual a todos los inmigrantes que lo soliciten personalmente o a través de las ONG que les atienden.

En el plazo de ocho meses, UPN está obligada a presentar un plan de integración social de los inmigrantes por exigencia parlamentaria. Según datos estadísticos, el 89% de la población navarra considera que este colectivo debe disfrutar de los mismos derechos esenciales que el resto de la población y el 71% de los encuestados cree necesaria la presencia de extranjeros en la economía.

La universalización de la atención sanitaria a los inmigrantes se une a la creación de una red de alojamientos para los temporeros del sector agrícola.