Enojo de alto octanaje

La imparable escalada del precio de los carburantes en España, generada por la subida del crudo y de las gasolinas en los mercados internacionales, pero agravada por los problemas crónicos de competencia en el mercado español de distribución, ha concitado la irritación de los consumidores y las protestas de los sectores afectados por las subidas, que pierden márgenes y competitividad a causa del desbordamiento de los costes energéticos. El presidente de Iberia, Xabier de Irala, ha cuantificado en 25.000 millones de pesetas el impacto del aumento del queroseno en los costes durante este año.Las gasolineras agrupadas en la Confederación Española de Estaciones de Servicio han anunciado que cerrarán los surtidores el último domingo de cada mes en protesta por lo que consideran una imposición abusiva de contratos de suministro a largo plazo. Cuentan con el apoyo de las organizaciones de consumidores más significadas, como la OCU y la Confederación de Asociaciones de Vecinos. Por lo que se ve, el agobiante encarecimiento de gasolinas y gasóleos está generando una reacción social más intensa que en otros periodos, y en esta ocasión, de forma más coordinada.

Cada día es más evidente que el mercado español de distribución de carburantes traslada las subidas de crudo de forma ineficiente y perjudicial para los ciudadanos. El Gobierno, que en tiempos no muy lejanos defendía la tesis de que los consumidores disfrutaban de la red de comercialización más transparente de Europa, tiene que reconocer hoy abiertamente que es necesario acometer nuevas medidas de liberalización. Aunque todas las miradas se fijan en las grandes compañías que controlan el mercado -y sobre ellas pesan sospechas de colusión de precios e imposición a las estaciones de servicio de contratos de suministro a largo plazo para retener cuotas de mercado-, la política de complacencia desarrollada por el Ejecutivo en los últimos cuatro años tiene mucha responsabilidad en esta situación.

Ante todo, porque no ha sabido o no ha querido imponer criterios firmes de competencia a las operadoras dominantes; y después, porque ha recurrido discrecionalmente al intervencionismo político más rancio, embalsando los precios de los combustibles en periodos delicados para la inflación o para sus expectativas electorales, sin advertir de que una práctica tan contraria a la libertad de mercado exacerba la explosión de los precios cuando cesa la imposición política directa.

Está bien que los agentes sociales se unan para evitar los abusos de posiciones dominantes. El frente que parece dibujarse entre estaciones de servicio, consumidores y algunas empresas puede ser un instrumento eficaz que equilibre la capacidad de presión que tienen o puedan tener sobre el Gobierno los grupos energéticos. Pero los criterios de actuación de una alianza de este tipo, sea de carácter coyuntural o con vocación de perdurar, han de ser el realismo y la moderación. Deben evitarse las posiciones demagógicas que pretenden rebajas inmediatas de los precios, porque el abaratamiento instantáneo sólo puede conseguirse mediante una intervención política directa, que contravendría gravemente las reglas de funcionamiento del mercado, o a través de la reducción de impuestos, una medida difícilmente explicable si se considera que la carga fiscal sobre los carburantes está entre las más bajas de Europa y tarde o temprano tendrá que homologarse con la media comunitaria.

Tampoco debe olvidarse que el recurso a métodos radicales, como el cierre de las gasolineras, perjudica también a los consumidores. Cualquier resistencia legal y organizada contra las prácticas abusivas en el mercado de los combustibles debe orientarse a presionar a las autoridades económicas para que impongan medidas efectivas de liberalización, y ser capaz de sostener esa presión durante un periodo prolongado.