Bush busca ampliar su base electoral con la suspensión de una ejecución

En 1992 el entonces candidato demócrata Bill Clinton interrumpió su campaña presidencial para regresar a Arkansas, Estado del que era gobernador, y dar luz verde a la ejecución de un retrasado mental que había matado a un policía; el jueves, el candidato republicano George Bush aplazó, por primera vez en sus cinco años como gobernador de Tejas, la ejecución de un condenado por la violación y muerte de una adolescente, para darle una oportunidad a los análisis de ADN.

Clinton tenía que probar que era "duro" en materia de lucha contra la delincuencia; Bush intenta ahora subrayar lo contrario: que es capaz de compasión. Estos casos extremos de irrupción del debate sobre la pena de muerte en la carrera hacia la Casa Blanca reflejan no sólo los lastres que pesan sobre dos tipos diferentes de candidatos, el liberal Clinton y el conservador Bush, sino también la evolución de la opinión pública norteamericana. El apoyo al verdugo comienza a erosionarse en EE UU. Según la última encuesta de Gallup-CNN, el 66% de los norteamericanos es partidario de la pena de muerte, y el 28%, contrario. A mediados de los ochenta, esos porcentajes eran del 80% y el 16%.Bush que le lleva muy corta ventaja al vicepresidente y candidato demócrata Al Gore -entre 1 y 6 puntos-, necesita presentar una imagen centrista y moderada. Con 130 ejecuciones aprobadas como gobernador de Tejas, es obvio que es un entusiasta de la pena de muerte. Lo que ahora intenta dejar claro es que no se opone a la posibilidad de que las pruebas de ADN exoneren a un condenado. A comienzos de este año, George Ryan, gobernador republicano de Illinois, ordenó una moratoria en la aplicación de la pena capital en su Estado después de que 13 condenados hubieran tenido que ser liberados al demostrarse su inocencia, en muchos casos a través del ADN.

Hace ocho años, el demócrata Clinton se enfrentó al problema contrario. De pasado progresista y célebre por haber escapado a Vietnam, haber fumado marihuana y sus aventuras con Jennifer Flowers, el entonces gobernador de Arkansas tuvo que probar que era implacable. En vísperas de las primarias de New Hampshire, suspendió su campaña, regresó a Arkansas y aprobó y siguió de cerca la ejecución del afroamericano Ricky Rector.

Rector, condenado por haber matado a un policía, era un disminuido mental. Nunca se enteró de lo que le estaba ocurriendo. En la noche de la ejecución, Rector no se comió el pastel de chocolate, su postre favorito, que los carceleros le habían servido para rematar la última cena. Al emprender el camino hacia la muerte, Rector le dijo a uno de los agentes que le guardara el pastel para que pudiera comérselo tranquilamente al terminar la ejecución.

Con esta escalofriante historia, Clinton probó a sus compatriotas que compartía el sentimiento mayoritario favorable a la pena de muerte. Todavía hoy defiende la utilidad y moralidad de la pena capital, al igual que Hillary Clinton y Al Gore. El pasado febrero, Clinton se negó a aprobar una moratoria en la aplicación de este supremo castigo a escala federal. Pero Bush, célebre internacionalmente por la luz verde que dio en 1998 a la ejecución de Karla Faye Tucker, tiene el problema de imagen opuesto. Por eso, en la noche del jueves, minutos antes de la cita con la inyección letal, le concedió a Ricky McGinn una prórroga de 30 días para que, con los análisis de ADN, intente probar su inocencia.