Ruiz-Gallardón considera un "error de gestión" la marcha de Terra a Barcelona

El presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, calificó ayer de "error de gestión" el traslado de la sede de Terra Lycos a Barcelona, anunciado por el presidente de Telefónica, Juan Villalonga, la semana pasada. Ruiz-Gallardón aseguró que, aunque el cambio de sede jurídica no afectará ni a los puestos de trabajo ni a las inversiones de la firma en Madrid, "perjudicará a Telefónica" y la obligará a "rectificar". "Telefónica comprobará que Madrid ofrece más ventajas que otros espacios españoles y europeos", añadió.

Juan Villalonga adelantó hace unos días que la sede de Terra, su portal en Internet, cambiará de domicilio: del municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón a la calle Nicaragua, número 54, de Barcelona. El traslado, que debe ser aún aprobado por la junta de accionistas de Telefónica el próximo 8 de junio, tendrá, sin embargo, escasa repercusión, según el presidente madrileño. "Terra es una parte muy pequeña de Telefónica y su cambio de sede no afectará ni a los puestos de trabajo, que en cualquier caso están en Estados Unidos, ni a las inversiones en Madrid", afirmó Ruiz-Gallardón. "Eso sí", añadió, "el traslado es un error de gestión y perjudicará a Telefónica. Madrid ofrece más ventajas como domicilio para empresas".El presidente del Gobierno regional quiso dejar claro su respeto por la "libertad de mercado, que permite a cualquier empresa elegir su sede", pero sugirió inmediatamente que Telefónica echará marcha atrás en su decisión tan pronto como descubra las ventajas de residir en Madrid. "Espero que, cuando se produzca la rectificación, ésta tenga también una repercusión muy pequeña", declaró Ruiz-Gallardón.

Las beligerancia demostrada ayer por Ruiz-Gallardón responde en parte a la postura del presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, cuya mediación ha resultado decisiva en el tralado de la empresa a Barcelona. Hace algo más de dos semanas, Villalonga y Pujol acordaron en una reunión las nuevas inversiones que Telefónica se ha comprometido a realizar en Cataluña.

Trasfondo fiscal

El traslado de la sede de Terra a Barcelona es visto también con preocupación por el grupo PSOE-Progresistas en la Asamblea madrileña. Los socialistas culpan al Ejecutivo regional de la reciente "fuga" de empresas como Argentaria, BCH, Retevisión y Azucarera.

Fuentes del Grupo Telefónica han reconocido que no existen ventajas de tipo fiscal con el traslado de la sede de Terra a Barcelona, ya que los impuestos que se pagan son los mismos en ambas comunidades autónomas. La decisión, por tanto, tiene que ver más con la estrategia de acercamiento a los presidentes de las comunidades autonómas que ha puesto en marcha Villalonga después de haber sido criticado desde el PP y de que el Gobierno central parara su plan para fusionar Telefónica con la holandesa KPN.

Al acercamiento a Pujol se añadirá en los próximos días una serie de acuerdos con el Gobierno valenciano de Eduardo Zaplana, y con el de Galicia, que preside Manuel Fraga.

Entre los trabajadores de Terra en Madrid, sin embargo, se ha generado una fuerte inquietud, ya que tras la fusión con Lycos, la sede operativa, donde de verdad se tomen las decisiones del día a día, resultante (Terra Lycos) estará en Massachusetts (Estados Unidos). "Claro que Villalonga también dijo que la sede legal estaría en Madrid y ha cambiado de opinión", asegura un cargo intermedio de Terra refiriéndose a las declaraciones del presidente de Telefónica durante la presentación de los acuerdos con Lycos el mes pasado en Nueva York.

En medio de la polémica política sobre su futura ubicación, los títulos de Terra perdieron ayer un 0,82% hasta 48,60 euros y fue el único valor tecnológico que cerró la sesión con pérdidas.

Durante el mes de mayo, Terra fue el valor que peor comportamiento registró dentro del Nuevo Mercado y se dejó casi un 28%, en gran parte debido a la compra de Lycos por 2,29 billones de pesetas, cantidad que ha sido considerada excesiva por los inversores. Terra valía ayer 2,26 billones de pesetas frente a un máximo anual de 6,5 billones que alcanzó en febrero pasado.