Los pisos sociales de alquiler serán accesibles a las personas que viven en el umbral de la pobreza

Los ciudadanos que viven en el umbral de la pobreza podrán acceder al alquiler de un piso social tras la reforma que ha introducido el Departamento de Vivienda en el II Plan Etxebide 2000-2003, el documento elaborado por el Gobierno vasco con las directrices de su política de vivienda para los próximos años. El nuevo plan deja en medio millón de pesetas los ingresos mínimos anuales que debe acreditar cualquier ciudadano para poder acceder a un piso social de alquiler, lo que supone rebajar en 150.000 pesetas la exigencia contenida en la normativa anterior.

El consejero de Vivienda, Patxi Ormazabal, presentó ayer el II Plan de Etxebide, aprobado por el Consejo de Gobierno en su reunión del pasado martes. La intención de este plan es acentuar el enfoque social de la política de vivienda, según recalcó Ormazabal.La principal novedad es la apuesta por fomentar el alquiler y la rebaja del ingreso mínimo necesario para acceder a un piso social en renta. Esto facilitará que sectores sociales que hasta ahora no podían plantearse el acceso a una vivienda por falta de recursos suficientes, como los perceptores del Ingreso Mínimo de Inserción (IMI) o salario social y de las Ayudas de Emergencia Social (AES), puedan convertirse en solicitantes de vivienda protegida. Un perceptor del IMI recibe 50.815 pesetas al mes. En la actualidad, en Euskadi existen 11.500 familias, integradas en conjunto por unas 30.000 personas, que perciben el IMI.

"Nuestra política es intentar ofrecer una vivienda a las familias más necesitadas y es lo que vamos a hacer", apostilló el consejero.

Ayudas

Además, también se han introducido algunas modificaciones en las ayudas que otorga el Gobierno para comprar un piso social o de protección oficial. Hasta ahora, si una persona quería adquirir un piso social con ayuda pública debía acreditar unos ingresos mínimos de 1,7 millones de pesetas. Ahora, ese tope se queda en 1,5 millones. Si alguien está interesado en comprar un piso de protección oficial construido por la iniciativa privada también debe acreditar unos ingresos mínimos de 1,5 millones de pesetas, lo que supone una novedad respecto al plan anterior, que no estipulaba ninguna cantidad. Cualquier ciudadano puede acudir al Gobierno en busca de ayuda económica para comprar un piso, pero las subvenciones se otorgan en función de las rentas acreditadas por los solicitantes. A más renta, menos posibilidades de ayuda.

Otro cambio que incluye el plan en cuanto a las ayudas es que se van a dejar de subsidiar puntos de interés para pasar a conceder subvenciones a fondo perdido a los ciudadanos interesados en comprar una vivienda usada en el mercado libre. Las solicitudes serán aceptadas en función de los ingresos de los aspirantes. Para obtener más información sobre las subvenciones los interesados pueden contactar con el Servicio Vasco de Vivienda-Etxebide en el teléfono 902 424444.

En la línea de las novedades figura la decisión de Vivienda de que los pisos adquiridos en el mercado libre o rehabilitados con el apoyo de subvenciones públicas no serán calificadas como viviendas protegidas. Hasta ahora, la Administración calificaba estas viviendas como protegidas y así sus propietarios no podían venderlas en 20 años. Si el dueño devuelve el importe de las ayudas, el Gobierno levantará automáticamente al piso la calificación de protegido y podrá ser vendido en cualquier momento a precio de mercado.

En cuanto a los objetivos cuantitativos, el plan prevé iniciar la construcción entre 2000 y 2003 de 14.000 viviendas protegidas, de las cuales 9.200 se destinarán a la venta y 4.800, al alquiler. El Gobierno tiene previsto obtener y urbanizar suelo para los 14.000 pisos y la adquisición de 4.100 viviendas de precio limitado que se incorporarán al patrimonio público. Se realizarán 2.200 actuaciones para facilitar el alquiler de viviendas vacías y 25.000 operaciones de rehabilitación.

Según calcula Ormazabal, este año se iniciará la construcción de 3.400 pisos, 3.500 en 2001, 3.550 en 2002 y otros 3.550 en 2003. El coste presupuestario del plan asciende a 72.000 millones, de los que 39.000 (55%) se invertirá en los cuatro años de vigencia. El resto, casi 33.000 millones, corresponde a compromisos que estas actuaciones generarán hasta el año 2026. El Gobierno ha remitido el plan al Parlamento, donde comenzará su tramitación en breve. "Espero que se apruebe sin problemas antes del verano", apuntó Ormazabal.