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Tribuna:

La socialdemocracia liberal.

Al igual que las ideas políticas, la vida política parece estancarse en un "centro" amplio y difuso en el que todos los partidos compiten en la promesa de combinar lo uno y lo otro: libre mercado y Estado de bienestar, individualización y justicia social, desregulación y gobernabilidad. Para quien aspira a ganar, nada resulta más perjudicial que definir una posición o establecer unas prioridades. Estar a favor de todo le hace a uno menos vulnerable a la deslealtad electoral. Pero una definición (como una caracterización ideológica) sólo tiene sentido si marca algún perfil específico, una peculiaridad o diferencia. Las definiciones no nos informan de nada si pretenden contenerlo todo. Algo así pasa con el "nuevo centro" o la "tercera vía", términos con los que se ha bautizado e investido de una dignidad ideológica a esa operación de captura del voto menos ideológico y volátil, en la que apenas se distinguen los grandes partidos. Conquistar la mayoría consiste en dejarse perdonar por un mayor número de personas. Y gobernar con éxito equivale a haber molestado a muy pocos.Anthony Giddens, uno de los principales ideólogos de la tercera vía, subtituló su libro programático como La renovación de la socialdemocracia. Quisiera plantear aquí otra renovación de la socialdemocracia que tomara como eje la tradición liberal. Los mejores liberales llevaron a cabo una reivindicación completa de los derechos humanos, es decir, se alzaron contra cualquier clase de señorío, antiguo o nuevo, lo mismo contra la arbitrariedad del Estado que contra la prepotencia económica. Pero el actual liberalismo rebajado -en el que se reconocen indistintamente muchos conservadores y socialistas- ha perdido el aguijón libertario y de crítica al poder que caracterizó a ese primer liberalismo y a las primeras formulaciones del socialismo.

Una de las tareas más urgentes de la socialdemocracia liberal sería minimizar el poder estatal y luchar por que desaparezca la prepotencia económica. Es habitual considerar que la prepotencia económica se debe a una excesiva libertad de mercado, cuando ocurre más bien lo contrario: la prepotencia económica es causada por la falta de libertad económica. El orden constitucional y democrático sólo es viable si reconoce y combate activamente la existencia de concentraciones de poder incompatibles con la libertad. Se trataría, pues, de ampliar (no restringir) el principio constitucional de minimización del poder también al mundo de la economía, actualmente tan distorsionado por nuevos oligopolios en complicidad con unos Estados débiles. Hay que aspirar no sólo a un Estado con el poder mínimo e indispensable, sino además a una economía de mercado sin prepotencias. Pero la consigna del laissez-faire se dirigía contra las grandes concentraciones del capital, no era una justificación para la inactividad del Estado, como intenta el neoliberalismo. El Estado tiene que cuidar activamente de que todos los ciudadanos puedan comerciar libremente en los mercados.

La izquierda tiene grandes dificultades para llevar a cabo esta renovación porque no se ha desprendido de su tendencia estatalizante. Pero no sólo la izquierda radical, tampoco la socialdemocracia ha entendido que la exigencia de "desregulación" no es un eslogan capitalista sino la necesidad creciente de una sociedad individualizada. La izquierda ha desaprovechado la ocasión de hacer suya esta reivindicación de mayores cotas de libertad para la configuración autónoma de la propia vida. No ha sabido aprovechar la oportunidad de convertir el deseo de desestatalización en punto de partida para una renovación liberal de la sociedad y evitar su instrumentalización por los poderes económicos.

Algunos fracasos de los Gobiernos de izquierda no han sido otra cosa que el precio que debían pagar por aferrarse a la idea de que las mejoras de la sociedad aún podían llevarse a cabo por medio de una planificación estatal centralizadora. La socialdemocracia está hoy lejos de desarrollar una concepción nueva, más acorde con los tiempos, de la igualdad de oportunidades y traducirla en iniciativas sociales. En última instancia, no se apea del principio de que la redistribución se lleva a cabo mediante una burocracia estatal presentada para dar la impresión de que se ocupa de todos. Pero ocurre que también los Gobiernos conservadores han hecho suya esta estrategia; la disputa consiste únicamente en cuánto debe costar ese aparato y qué grupos de intereses se atenderán preferentemente. Y los votantes sólo se plantean quién es capaz de hacer lo mismo mejor. Cuando todos los partidos se presentan como garantes de la "justicia social", la izquierda apenas se distingue de la derecha. Únicamente puede aspirar a que los menos favorecidos consideren que serían peor tratados por la derecha. En cualquier caso, la sentimentalización de las cuestiones sociales resulta cada vez menos atractiva.

Si la socialdemocracia quiere volver a ser reconocida como una fuerza de transformación social, debe definirse nuevamente. Ha de recuperar su capacidad subversiva, libertaria. Y esto es precisamente lo que no es cuando se presenta como obstinada defensora del dominio estatal sobre la economía y la sociedad. ¿Cabe pensar en una izquierda individualista, anti-estatal, no socialista, que no quiera introducir la justicia por medio de la redistribución estatal sino mediante la creación de una mayor igualdad de oportunidades en el mercado impulsando la iniciativa y la responsabilidad?

Una renovación semejante de la socialdemocracia sólo es concebible si se procede a una revisión general que alcance a sus orígenes históricos. En el siglo XVIII la izquierda estaba no sólo por la libertad política sino también por la libertad económica. Las distintas tradiciones que la configuraron defendían el libre mercado, el comercio mundial abierto y creían en la capacidad civilizadora del afán individual de ganancia. Fueron los apologetas de la restauración quienes reclamaron un estricto control estatal sobre la vida económica. La primera crítica radical del capitalismo provino de la derecha autoritaria. En el siglo XIX esta correlación se invirtió. La izquierda se hizo colectivista y, mediante la represión de las corrientes libertarias del movimiento obrero, se convirtió en defensora de la planificación estatal. La derecha, por el contrario, inicialmente antiliberal, se fue transformando hasta llegar a ser la abogada de la libertad empresarial. Así pues, la idea del laissez-faire no fue nunca monopolio del liberalismo burgués; también estaba presente en las aspiraciones libertarias del movimiento obrero.

Si esta concepción libertaria hubiera tenido más éxito y no hubiera sido desacreditada por Marx como "pequeño-burguesa", la historia de los derechos sociales y del movimiento obrero habría sido bien distinta. Pero aquella disputa que enfrentó a Marx contra Proudhon se saldó con una derrota de lo liberal frente a lo estatal y el movimiento obrero propició la creación de una maquinaria de redistribución tendencialmente autoritaria. Su consecuencia más inmediata fue conseguir para los trabajadores bienestar material, integración en la sociedad, reconocimiento y derechos ciudadanos, pero impidió la realización de proyectos de auto-organización. Este sistema choca hoy con sus límites y en esta situación la concepción liberal o libertaria de la socialdemocracia -que durante más de un siglo ha sido más bien marginal- adquiere una nueva actualidad.

La crítica corriente al sistema económico mundial dispara contra la mercantilización como si el mercado fuera el responsable de la miseria del mundo. Pero el problema estriba en que no existe una auténtica economía de mercado. Ninguna de las grandes empresas hubiera alcanzado sus actuales dimensiones sin la protección estatal. Son esos grandes consorcios los menos interesados en la existencia de un mercado verdaderamente libre. En cierto modo asistimos a una especie de feudalización del capitalismo, a una "economía legal del pillaje" (Walter Oswalt). Tras la pantalla de los intereses generales de sociedad se esconden muchas veces intereses de grupos particulares, competencias desleales, concentración de poder de grupos financieros y de opinión. Los despojados de esa enorme masa de capital son los ciudadanos. Una socialdemocracia liberal debería apuntar en la línea de promover una verdadera igualdad de oportunidades en el mundo económico. La globalización puede utilizarse para despojar de su poder a las concentraciones económicas existentes y abrir efectivamente los mercados mundiales. La apertura decidida de los mercados mundiales no produciría un aumento de poder de las grandes corporaciones sino todo lo contrario: una globalización auténticamente liberal significaría el final de los consorcios mediáticos, financieros e industriales. El que no ocurra así no se debe a la inmovible "lógica del capital", sino al intervencionismo de los Estados.

La creación de una mayor igualdad de oportunidades en el mercado libre en vez de una redistribución centralizada sería entonces el objetivo de una combinación histórica de ideas liberales y sociales. Ésta sería la renovación radical de la socialdemocracia que no se resigna a que los conservadores monopolicen una dimensión de la libertad y la gestionen sin aprecio hacia la igualdad, con la superioridad que les otorga el fracaso de las estrategias de redistribución estatal.

Daniel Innerarity es profesor de Filosofía de la Universidad de Zaragoza.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 1 de junio de 2000