Refugio de mafiosos

Resulta escandaloso que España, miembro de la Unión Europea, sirva de refugio y lugar de descanso a cientos de mafiosos huidos de Italia, también integrante de la UE. Como lo ha sido hasta no hace mucho que terroristas de ETA fueran acogidos por algunos países de la misma Unión de la que España forma parte.No existe, o no debería existir, ningún argumento legal de fondo para sustentar tal despropósito. España e Italia gozan de sistemas jurídicos homologables y plenamente respetuosos con los derechos y garantías del justiciable como para no justificar otra actitud que no sea la de una plena colaboración en la persecución del crimen organizado. Pero el hecho es que la policía española rechaza órdenes de detención cursadas por la justicia italiana contra mafiosos de ese país refugiados en España. Y esta actitud corta de raíz la posibilidad de que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre su extradición, objetivo último perseguido por la justicia italiana. El resultado es que al menos 600 delincuentes italianos, juzgados y condenados en rebeldía en su país, campan por sus respetos en el nuestro.

En este despropósito tiene mucha parte la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que se opone a admitir siquiera la solicitud de extradición con el argumento de que han sido condenados en rebeldía, figura procesal que existe en Italia (o en Francia) pero no en España. Este garantismo meramente formal no ha podido ser desmontado por los jueces de la Audiencia, que, más atentos a las garantías del proceso y a las exigencias de cooperación judicial, mantienen que tales juicios en ausencia del acusado no vulneran sus derechos ni le causan indefensión. Resulta por demás singular que el fiscal Fungairiño pretenda ser más garantista que los jueces. Y, por si hiciera falta embrollar más las cosas, el Tribunal Constitucional acaba de anular la extradición de un capo italiano detenido en España en1996 con argumentos próximos a los de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Se trata de una resolución sobre un caso concreto que no debería impedir que la policía española atendiera las órdenes de detención cursadas por la justicia italiana ni que la Audiencia se pronunciara sobre cada demanda de extradición. En todo caso este conflicto nada menor con la justicia italiana se da de bruces con la propuesta elevada a la UE por el ministro del Interior, Mayor Oreja, para que los 15 países miembros reconozcan una orden común de busca y captura ejecutable de inmediato en todos ellos. No parece que la mejor vía para convencer a los socios de la UE de la conveniencia de esta figura sea boicotear desde la fiscalía las demandas de extradición que llegan de Italia. Para corregir este despropósito bastaría con que el fiscal general del Estado exija a Fungairiño que cumpla estrictamente su papel y deje a los jueces cumplir el suyo.