"Un fondo reservado, discrecional y sin ningún control"
La denuncia resume el uso de la cuenta restringida por José María Álvarez del Manzano: "Se ha convertido en un fondo reservado, de libre y discrecional aplicación, no sujeto a ningún tipo de control administrativo y político, cuyo único dato disponible ha sido el importe de su consignación". Y cifra en 12.573.682 pesetas el dinero público gastado por el alcalde de tal cuenta sin más soporte justificativo que un recibí firmado por subordinados. Considera que este monto está "sin justificar" y entraña "un manifiesto incumplimiento de las normas de emisión de facturas y de las propias bases de ejecución presupuestaria".La denuncia destaca que "la intervención municipal no realizó la fiscalización previa del gasto" y también que, "amparándose en el nulo desarrollo reglamentario de este especial procedimiento (libramiento en firme), se ha eludido cualquier tipo de fiscalización posterior de la aplicación de los fondos, de tal forma que sólo fueron objeto de rendición pública cuando la existencia de la cuenta saltó a la opinión pública". El escrito esgrime otra acusación: "En ninguno de los ejercicios se ha procedido al reintegro de las cantidades no invertidas durante el ejercicio, aplicándose los remanentes de cada año a los gastos del ejercicio siguiente. Se ha vulnerado el principio de anualidad presupuestaria".
El escrito señala que el uso de esta partida ha incumplido la finalidad específica para la que fue concebida y aprobada dentro de los presupuestos, de tal suerte que fue empleada tanto para indemnizaciones por razones de servicio como ayudas o subvenciones. Con una singularidad añadida: 2.551.088 pesetas fueron a entidades o particulares domiciliados fuera de Madrid, lo que vulnera, según el PSOE, el reglamento de servicios de las corporaciones locales".
Ejecución ilegal.
En suma, el PSOE entiende que esta cuenta ha experimentado una doble ilegalidad: se han vulnerado los requisitos legales para gasto del dinero público y, además, se ha destinado a fines fuera de la ley. Por ello, opinan, "resulta evidente que se ha originado un menoscabo en los caudales públicos a consecuencia de las acciones contrarias a la normativa vigente, actuación de la que es responsable el denunciado José María Álvarez del Manzano". La denuncia se formula por entender que se ha producido al menos un alcance, irregularidad que define así la Ley del Tribunal de Cuentas: "El saldo deudor injustificado de una cuenta o, en términos generales, la ausencia de numerario o de justificación en las cuentas que deban rendir las personas que tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos pùblicos". La distinción con el delito de malversación es muy tenue, según dicha ley. "Se considerará malversación de caudales o efectos públicos su sustracción o su aplicación a usos propios o ajenos (a la función pública) por parte de quien los tenga a su cargo".
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