Gobierno e inmigración. Editorial

Poco a poco el Gobierno va desvelando sus propósitos sobre la reforma de la Ley de Extranjería, más allá de sus reiteradas advertencias de que, tal como quedó redactada tras su aprobación por el Parlamento, afecta a intereses vitales del Estado y constituye un riesgo para la convivencia. Si se insiste en presentar la inmigración como un problema en sí misma y no como solución a problemas concretos -demográficos y económicos- de un país desarrollado como España, lo más probable es que termine por ser percibida por muchos ciudadanos como una amenaza a su forma de vida y un riesgo para la convivencia.Todos -Gobierno, fuerzas políticas y organizaciones sociales- deben esforzarse por orillar el discurso alarmista, introduciendo en el debate político y social sobre la inmigración una pizca del discurso solidario y aperturista que debe caracterizar a una sociedad no sólo económica, sino moralmente desarrollada. El Gobierno tiene prisas en reformar la prácticamente nonata Ley de Extranjería. Algo que no ha ocultado desde el momento en que el proyecto de ley se le fue de las manos en la recta final de su tramitación parlamentaria. Desde la oposición se le ha dicho que habría que esperar a ver cómo funciona. Pero es improbable que una ley que tiene la enemiga del Gobierno pueda funcionar bien. De momento, ha paralizado su desarrollo reglamentario. Y aunque, de acuerdo con su estilo centrado, el Gobierno ha tendido la mano del consenso a las fuerzas políticas, en especial a sus más allegadas de CiU y Coalición Canaria, su amplia mayoría parlamentaria le faculta para llevar adelante su propósito, aunque no le absuelva de su actitud frívola y oportunista en el trámite parlamentario de la ley.

En su última comparecencia ante el Congreso, el martes pasado, Aznar reivindicó un mayor control por parte del Gobierno sobre la inmigración -flujos, regularización, concesión de visados, etcétera...- que la nueva Ley de Extranjería limitaría en exceso. Nada hay que objetar, en principio, a ese control. Es lógico que el Gobierno controle el proceso migratorio, sobre todo en un país que es el que sufre en estos momentos la mayor presión migratoria dentro de la Unión Europea, aunque sea el que tiene menor número de inmigrantes. Pero sin olvidar que existen derechos básicos de la persona, en este caso del inmigrante, que prevalecen sobre las legítimas facultades discrecionales del Gobierno en la materia.Y que en un Estado de derecho corresponde al Poder Judicial velar por el respeto de tales derechos y garantizarlos en última instancia.

Al término del Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, concretó los espacios sobre los que debe ejercerse ese mayor control gubernamantal, de acuerdo con el informe técnico presentado por el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja. Se trata de diferenciar más nítidamente la condición de inmigrante legal e ilegal, eliminar cualquier riesgo de control judicial sobre la concesión de visados, anular la regularización ordinaria para los inmigrantes que acrediten su permanencia en España durante dos años, estén empadronados y tengan medios de subsistencia y, finalmente, endurecer las causas de expulsión y el régimen sancionador contra las mafias que trafican con inmigrantes.

Es probable que algunos de estos puntos sean mejorables y merezcan una reforma. Pero, ¿tiene sentido renunciar a un procedimiento permanente de regularización, sometido al cumplimiento de determinadas condiciones y controlado por las autoridades? El Gobierno prefiere tener en sus manos la discrecionalidad de las regularizaciones extraordinarias, a las que habrá que recurrir para dar una cobertura legal a las inevitables bolsas de inmigración irregular que se formen. Y que son ocasión, como sucede con la actual, para remover los posos xenófobos de la sociedad, alarmada porque el número de inmigrantes que aflora a la superficie siempre es mayor que el previsto. De todo ello se hablará, una vez más, en el debate parlamentario sobre la reforma. Habrá que cuidar que en ese debate no se cuelen discursos contemporizadores con actitudes que, como sucedió en El Ejido, pretenden teñir el tema de la inmigración de tonos xenófobos e intolerantes.