Competencia imperfecta
La reciente protesta de los consumidores contra la escalada de precios de los carburantes ha puesto en evidencia al Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), una institución que debería desempeñar un papel fundamental como garante de los ciudadanos frente a eventuales abusos de posiciones dominantes. Su aportación a la transparencia de los mercados energéticos o de telecomunicaciones ha sido prácticamente nula; da la impresión de actuar a remolque de los acontecimientos y en posición vicaria de las decisiones o indicaciones del Gobierno.Durante varios años, al menos desde la desaparición de los precios máximos, el TDC ha asistido impávido a las evidentes coincidencias de precios entre las petroleras, sin que todavía haya descartado o confirmado que existen prácticas colusorias entre las compañías. Resulta por lo demás llamativo que el titular del tribunal aluda públicamente a la falta de competencia real en el sector petrolero sin que de su reflexión derive ninguna actuación concreta. Es difícil imaginar una confesión más explícita de impotencia. Otro tanto cabe decir sobre su incapacidad para actuar frente a las acusaciones que han proliferado en el sector eléctrico por el manifiesto obstáculo a la competencia que suponen algunos contratos de suministro. Ha bastado que se acumulen en pocas semanas varias subidas de los carburantes para que se hayan desatado las alarmas sobre el estado de la competencia en el mercado de los combustibles y se pretendan resolver apresuradamente problemas muy serios que no se abordaron en tiempo y forma.
La ostensible ineficacia del TDC para encarar los problemas más serios de la competencia en mercados estratégicos no es cuestión de mala gestión, sino de una errónea concepción política de este organismo y una definición raquítica de sus funciones, medios y competencias. El Gobierno ha optado por un tribunal dependiente de la Administración, una dependencia más del Ministerio de Economía. Como la legislación española sobre competencia es insuficiente y deja amplios márgenes a la arbitrariedad, la defensa de las reglas del mercado resulta totalmente insatisfactoria; queda prácticamente al albur de las filias, fobias o exigencias del Gobierno.
Los mercados de carburantes, gas, electricidad e inmobiliario requieren un esfuerzo intenso de reforma y liberalización. Pero por muy acertadas que sean las medidas que pretende el Gobierno, de nada servirán si no están protegidas por leyes de competencia claras e instituciones fuertes. Hoy no es éste el caso. La respuesta que dé próximamente el Ejecutivo al dictamen del TDC que considera "improcedente" la integración de Fenosa e Hidrocantábrico, porque aumenta el grado de concentración en el sector eléctrico sin beneficio para los consumidores, dará la medida de hasta dónde quiere llevar el Gobierno la defensa de la competencia.
