El Gobierno cubrirá 500 plazas vacantes de juez como "plan de choque" para agilizar los juzgados

Madrid - 25 may 2000 - 00:00CEST

El ministro de Justicia, Ángel Acebes, anunció ayer en el Congreso un "plan de choque" para agilizar la Administración de justicia, consistente en cubrir las 500 vacantes de jueces profesionales que hay en España mediante el retraso en la edad de jubilación de los magistrados a los 72 años y la reducción del tiempo de estancia de los alumnos en la Escuela Judicial. Acebes fue felicitado por todos los grupos por el cambio de estilo y de talante respecto a su predecesora. Sólo la continuidad de Jesús Cardenal al frente de la Fiscalía General del Estado, contra la que arremetieron PSOE e IU, ensombreció la comparecencia.

Acebes desplegó una oferta de eficacia, modernidad y agilidad, se mostró dispuesto al diálogo y a tomar decisiones, renunció a capitalizar cualquier protagonismo y cuidó de apuntar al ciudadano como principal destinatario de "esta reforma de todos". Su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia hubiera resultado casi triunfal de no ser porque la confirmación de Cardenal en la Fiscalía del Estado, "nefasta" en calificativo del diputado de IU Luis Carlos Rejón, permitió al portavoz del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, restregarle al ministro la destitución del fiscal del caso Ercros y augurarle "un difícil entendimiento" sobre todo lo que afecte a la Fiscalía. Los portavoces de los grupos aceptaron el diálogo ofrecido para alcanzar el pacto de Estado por la justicia (hoy mismo llamarán desde el ministerio a los representantes del PSOE para comenzar las conversaciones) aunque mostraron su clara oposición a modificar el actual sistema de nombramiento de vocales del Consejo General del Poder Judicial. "Nuestro criterio", dijo Acebes, "es que sean los propios jueces y magistrados quienes elijan a los 12 miembros de extracción judicial, mediante una fórmula proporcional que garantice la representación plural".

Sin embargo, su "sincera disposición" de alcanzar un acuerdo con las fuerzas parlamentarias obtuvo la réplica de los grupos, excepto el PP, que prefieren que la docena de vocales que obligatoriamente deben proceder de la judicatura sigan siendo elegidos por el Parlamento. Manuel Silva, de CiU, resumió la posición de todos al desear que el sistema de nombramientos del CGPJ "sea uno de los elementos a dejar por el PP en el almacén para alcanzar ese pacto".

Acebes justificó su "plan de choque" en el "preocupante" dato de que una de cada siete plazas de jueces está vacante, casi 500 de 3.917. La primer medida, que se adoptará de forma inminente, será el retraso en la edad de jubilación de los 70 a los 72 años hasta el 31 de diciembre de 2003, en que se prevé la cobertura de la plantilla judicial en su totalidad; y en 71 años desde esa fecha hasta el 31 de diciembre de 2004. Además, se permitirá que ejerzan como magistrados suplentes hasta cumplir los 75. Con ello, según el ministro, unos 200 jueces de carrera experimentados seguirán resolviendo asuntos.

El titular de Justicia prevé adelantar las incorporaciones a los juzgados de los 224 actuales alumnos de la Escuela Judicial cuya estancia en ésta se reduciría en unos seis meses. Lo mismo sucederá con los 300 que finalizarán próximamente la oposición. El curso teórico-práctico es actualmente de dos años, y según el ministro, el justiciable siempre preferirá que su caso lo resuelva un juez de carrera con un curso de año y medio a un sustituto no profesional. Estas medidas fueron propuestas por el presidente del Consejo del Poder Judicial el pasado 15 de septiembre en la ceremonia de apertura de los tribunales y su puesta en marcha ahora fue acogida con "entusiasmo y esperanza" por el Consejo.

Acebes también anunció como medidas de choque la unificación de las oposiciones a las carreras judicial y fiscal, la reducción de tribunales de oposición (actualmente existen 20) y la adscripción de magistrados de las salas de lo Civil y Penal de los tribunales superiores de justicia a otras salas cuando tengan menor carga de trabajo.

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Plan para conectar por Internet a todos los profesionales del derecho

El titular de Justicia lanzó ayer una "radical apuesta" por la modernización de estructuras y anunció que creará "un sistema de interconexión a través de Internet de todos los operadores jurídicos", es decir, juzgados, tribunales, fiscalías, abogados, procuradores, etcétera. "Lo que ahora tarda meses, podría hacerse en horas con la implantación de sistemas de interconexión entre los órganos jurisdiccionales entre sí y con los profesionales del derecho. Si las comunicaciones suponen hasta el 30% de las dilaciones procesales, el nuevo sistema agilizará extraordinariamente el servicio público de la justicia".Frente a esta clara voluntad del ministerio de integrar a toda la comunidad jurídica en las nuevas tecnologías, la realidad es que, hoy por hoy, sólo el Tribunal Constitucional utiliza el correo electrónico para divulgar sus resoluciones. El Tribunal Supremo es incapaz de suministrar una sentencia en un simple disquete y, a diferencia de las gran mayoría de cortes supremas europeas, iberoamericanas e incluso africanas, carece de página web propia en la que consultar su jurisprudencia. Además del ministerio de Justicia, sólo el Consejo del Poder Judicial y el Constitucional tienen sitio oficial en Internet.

El ministro, por su parte, aseguró que su departamento ya dispone de la tecnología de encriptación o cifrado para asegurar la confidencialidad, así como de la firma electrónica avanzada que permite garantizar la autenticidad de los documentos electrónicos que se cursan utilizando Internet.

La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, prioridad del Ejecutivo

El ministro Ángel Acebes anunció ayer que la reforma legislativa más importante de su mandato será la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que incluirá el resultado del debate sobre el papel del Tribunal Supremo a la hora de establecer una interpretación uniforme del Código Penal para su aplicación por los restantes órganos jurisdiccionales, la consideración de los jueces de paz en el ámbito penal, la revisión del procedimiento abreviado y el papel que debe corresponder al fiscal en los procesos. El ministro abogó por reformar el tribunal del jurado de modo que su composición sea mixta, es decir, formada por legos en derecho pero también por jueces profesionales, lo que entiende más acorde con nuestro entorno jurídico.

También impulsará la reforma de la Ley de Vigilancia Penitenciaria para incrementar el control judicial en materia de permisos y progresión de grados y abordará la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y una nueva ley concursal.

Sobre el sueldo de los jueces, Acebes sólo dijo que habrá que establecer un "adecuado sistema retributivo en la Justicia". Respecto al Ministerio Fiscal, no quiso entrar en la cuestión de si Jesús Cardenal debe seguir o no como fiscal general del Estado, y se limitó a proponer un acuerdo básico para reformar el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.

Invitación al diálogo

Los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios celebraron la invitación al diálogo. El portavoz del grupo socialista, Juan Fernando López Aguilar, valoró que el "estilo y enfoque" del nuevo ministro "intenta desmarcarse de lo que hemos conocido anteriormente". Subrayó que el Consejo del Poder Judicial no debe ser un órgano "blindado sobre sí mismo" sino conectado con la sensibilidad social y consideró que el órgano para asegurar esta conexión es el Parlamento.

El portavoz del Grupo Catalán, Manuel Silva, pidió que se prorrogase la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que se mejore y lo haga "absolutamente al día".

Sobre la "profesionalización del los jueces" que anunció el ministro, dijo que, si se trata de la supresión del cuarto turno de acceso a la carrera judicial, "no cuenten con ellos". También se mostró en contra de ir al jurado escabinado o mixto, aunque admitió que hay mucho que corregir en el actual sistema de jurado.

Luis Carlos Rejón, por IU, se quejó de la politización del ministerio fiscal y consideró una "lógica cínica" que Aznar mantenga a Cardenal después de haber sustituido al fiscal del caso Ercros. Lorenzo Olarte, de Coalición Canaria, también recogió la invitación al diálogo

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Andrés Ollero, sostuvo la necesidad de aprovechar la "política de puertas abiertas" para mejorar la percepción que tiene el ciudadano de la justicia.