La Guardia Civil detiene en Cádiz y Ceuta otra oleada de 177 inmigrantes

La Guardia Civil interceptó en la madrugada de ayer en Algeciras y Ceuta a un total de 177 inmigrantes indocumentados de origen magrebí en distintas operaciones. Los calabozos de la comisaría de Algeciras estaban ayer saturados con los detenidos a pesar de que otros 28 anteriores fueron repatriados por la mañana y se tramitó la expulsión de otros 132. A su vez, los agentes de la frontera ceutí califican su situación laboral de "infrahumana".

La primera expedición clandestina interceptada en la madrugada de ayer fue avistada a nueve millas al Este del cabo de Trafalgar, en el término de Barbate. Eran 31 marroquíes a bordo de una patera.En la zona de Torre la Peña, en Tarifa, fueron localizadas igualmente otras 40 personas en una embarcación tipo zódiac con motor fuera borda.

Minutos más tarde, pasadas las 2.45, en un área próxima a la anterior, en la playa de Valdevaqueros, la Guardia Civil también detuvo a otras 34, entre las que se encontraba una mujer.

Por último, en la localidad campogibraltareña de Los Barrios, agentes de la Policía Local, en colaboración con la Guardia Civil, arrestaron a 12 sin papeles más, entre los que también se hallaba una mujer.

Los restantes magrebíes sin documentación, 47, hasta completar los 164 detenidos en Cádiz, fueron localizados en diferentes zonas de la comarca gaditana.

Con estos nuevos arrestos, ya suman 3.566 los magrebíes interceptados en la provincia gaditana en lo que va de año, con lo que se superan con creces los 2.681 de 1999.

Además, otros 13 marroquíes también fueron interceptados por la Guardia Civil cuando esperaban en una cala de Ceuta la llegada de la patera en la que iban a hacer la travesía hasta la costa gaditana.

Queja policial

Precisamente, los tres sindicatos de la Policía Nacional en Ceuta (UFP, SUP y ANPU) denunciaron ayer que las condiciones en las que trabajan en el puesto fronterizo del Tarajal son "infrahumanas". Este paso, el único terrestre entre la ciudad española y Marruecos, lo utilizan a diario 25.000 magrebíes y 2.000 vehículos mientras que los policías aducen que sólo son seis por turno.

En plena avalancha de llegada de inmigrantes indocumentados, la Junta de Andalucía y el Gobierno central se han enzarzado en una polémica sobre las competencias para enterrar a los que perecen en el intento.

El subdelegado del Gobierno, Miguel Osuna, sostiene que el pago del sepelio de estas personas corresponde a la Administración autonómica, que tiene transferidas las políticas de Asuntos Sociales.

Sin embargo, la delegada de Asuntos Sociales de la Junta en Cádiz, Prudencia Rebollo, pasó ayer la pelota al Ayuntamiento de Algeciras: "Hay normativa suficiente que indica que corresponde a la entidad local el enterramiento de personas con nulos recursos económicos. Ni la Junta ni Servicios Sociales tienen competencia alguna en el entierro de los inmigrantes del Estrecho". Si los cuerpos fueran reclamados por sus familias, también correspondería al Estado asumir los gastos de su repatriación, según Rebollo.

Por su parte, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía criticó al ministro del Interior, Jaime Mayor, por afirmar que la inmigración será el principal problema de convivencia en España en esta década. "No debe considerarse un problema, sino un hecho normal en la vida de un Estado desarrollado", afirmó Antonia Becerra, su delegada en Málaga, informa Javier Arroyo.

Este colectivo presentó ayer en varias capitales andaluzas su Manifiesto de las dos orillas, en el que denuncia que "la inhumana política de cierre de fronteras, cuya expresión más acabada es el sistema de visados y los 27.000 millones gastados en blindar el Estrecho" son los culpables de que cientos de inmigrantes pierdan la vida cada año en pateras.