Ipcena denuncia ante la fiscalía una minicentral del Pallars Jussà

El grupo ecologista Institució de Ponent per a la Conservació i l'Estudi de l'Entorn Natural (Ipcena) de Lleida presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía de Lleida contra la empresa Hidro Vat, responsable de las obras de construcción de una minicentral eléctrica en el municipio de Sarroca de Bellera (Pallars Jussà), por un presunto delito contra el medio ambiente.Ipcena, que reclama a la Fiscalía la apertura de diligencias penales contra la empresa Hidro Vat, denuncia que para acceder a la zona de obras, en la ribera del río Manyanet, se ha abierto una pista forestal de unos tres kilómetros, lo que ha comportado la destrucción de unos 15.000 metros cuadrados de un bosque de robles y el vertido al cauce del citado río de más de 1.000 toneladas de rocas.

Los ecologistas opinan que los vertidos de escombros han obturado el curso fluvial en al menos tres puntos, han afectado al hábitat de especies en peligro de extinción, como la nutria, y han alterado las condiciones de la fauna piscícola, lo que ha provocado una enérgica protesta de la Sociedad de Pescadores de la Vall del Bosia.

Ante la supuesta gravedad de los hechos denunciados, Ipcena solicita la paralización cautelar de las obras hasta que finalice la investigación judicial y que la promotora restaure la zona degradada.

Ésta no es la primera vez que Ipcena presenta una denuncia en la Fiscalía de Lleida por un presunto delito de medioambiente. En enero lo hizo contra el propietario de una finca rústica en una zona que, en opinión de los conservacionistas, constituye la única estepa de vegetación salobre que queda en Cataluña.

El grupo ecologista ha mostrado también su preocupación por la proliferación de proyectos urbanísticos relacionados con el esquí. El febrero pasado se opuso a la construcción de una nueva estación de esquí alpino en la Vall Fosca, en el Pallars Jussà, porque a su juicio destrozaría una zona incluida en el Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN) de la Generalitat. Los ecologistas consideraron que incumple la normativa de la Generalitat.