La Vital encarga a un bufete la recuperación del aparcamiento que Gordo obtuvo gratis hasta 2024

Caja Vital ha encargado a un despacho de abogados de Vitoria que anule (primero por la vía extrajudicial y acudiendo a los tribunales si fuera necesario) el acuerdo de cesión gratuita por 35 años al empresario José Antonio Gordo de la segunda planta del aparcamiento Dendaraba (50 plazas). Gordo, que ha creado en la caja una espesa red de influencias que ha usado para favorecer sus negocios particulares, obtuvo en 1991 la explotación del segundo sótano del céntrico estacionamiento a cambio de una servidumbre de paso ya establecida a favor de la Vital en las escrituras.

La orden de rescatar las 50 plazas cedidas hasta el año 2024 a una empresa de José Antonio Gordo (Parking-Denda SA) es la primera reacción oficial de la Caja Vital a la auditoría interna encargada el pasado año por su entonces presidente, Juan María Urdangarín, sobre las relaciones comerciales del empresario con la entidad. La investigación sacó a la luz varias operaciones dudosas protagonizadas por el presidente de la Cooperativa Vitoriana de la Vivienda (Covivi) y algunos de sus socios, en que se vieron perjudicados los intereses de la caja.A fines del pasado abril, la comisión ejecutiva de la Vital, que preside ahora el independiente Pascual Jover, acordó encargar a un despacho de abogados externo la anulación de aquel acuerdo de cesión, por estimar que fue conseguido de mala fe. Al bufete se le ha dado la instrucción de que intente primero un acuerdo extrajudicial con Parking-Denda, pero que, de no obtener resultados por esta vía, denuncie el acuerdo ante los tribunales, según ha podido saber este periódico.

El caso más evidente

La dirección de la Vital ha valorado que el caso de la segunda planta del aparcamiento del centro comercial Dendaraba, pese a ser el más antiguo de los episodios presuntamente irregulares descubiertos en la auditoría interna, es, sin embargo, donde más clara queda una maniobra de Gordo para sacar provecho particular a costa de la entidad. El empresario, que ya era propietario de la primera planta (125 plazas) del aparcamiento, consiguió en julio de 1991 que la caja le cediera gratuitamente la explotación del segundo sótano (50 plazas) por 35 años, a cambio del derecho de paso de vehículos al almacén de su oficina principal de la calle Independencia, al que se accede desde el sótano primero.

El contrato de cesión gratuita fue aprobado en 1991 por la comisión ejecutiva de la caja con el informe favorable del entonces subdirector general de Inmuebles, Luis Valle, que mantenía una estrecha relación con el presidente de Covivi. La investigación interna ordenada el pasado verano por Urdangarín a raíz de otros episodios protagonizados por Gordo descubrió que en las escrituras del inmueble, formalizadas el 13 de diciembre de 1988, ya se establecía esa servidumbre de paso a favor de la entidad (entonces, la Caja Provincial de Álava), sin ninguna contraprestación. Ello implicaba que el empresario se había hecho impropiamente con los beneficios de la explotación comercial de las 50 plazas del aparcamiento hasta 2024.

La investigación interna sacó a la luz otras operaciones dudosas de Gordo y algunos de sus socios en empresas inmobiliarias, que igualmente resultaron gravosas y perjudiciales para la Vital. Entre ellas figura la enajenación de la antigua sede institucional de la caja, un inmueble de cuatro plantas en el número 30 de la calle San Prudencio, que, después de una tortuosa transmisión, ha terminado recientemenete en manos de una empresa de Gordo y su socio Javier Sáenz de Valluerca. La entidad consiguió por el edificio alrededor de 650 millones de pesetas reales (lo vendió en 1996 por 800 millones, pero con pago aplazado a 18 meses), cuando, dos años antes, Sáenz de Valluerca, en su condición de agente de la propiedad inmobiliaria (API), había tasado su valor en 1.394 millones.

Inicialmente, el inmueble fue adquirido por la caja de pensiones Juan de Urrutia de Iberdrola, con la que Gordo y Sáez de Valluerca habían hecho negocios anteriormente. Pero en el momento de hacer el pago, la caja de pensiones vendió el 40% del edificio a sus socios por 235 millones que financiaron con un crédito de la propia Vital. Para entonces, 1998, la Juan de Urrutia ya había negociado el arrendamiento de la sede de San Prudencio, 30 al Ayuntamiento de Vitoria por 20 años, a razón de 56 millones los tres primeros y 10 millones adicionales, más el IPC, a partir de 2000. Los ingresos por el alquiler en esas dos décadas superarán los 1.500 millones.