El juez del 'caso Brouard' pide al Cesid sus papeles sobre el asesinato

El juez del caso Brouard, José Luis González Armengol, ha pedido al Centro Superior de Información para la Defensa (Cesid) la documentación que pueda existir en sus archivos internos sobre el asesinato del dirigente de Herri Batasuna Santiago Brouard, perpetrado el 20 de noviembre de 1984. Esta decisión judicial, como ocurrió en su día con los papeles del Cesid sobre la guerra sucia contra ETA, obligará al Gobierno a tomar una decisión sobre la eventual desclasificación de los documentos que pudieran existir en el centro de espionaje militar.El juez ha admitido la petición realizada por el abogado de la acusación particular en representación de la familia Brouard, Txema Montero, en su recurso contra la negativa del juez a pedir esos documentos el pasado 11 de abril. El magistrado dio traslado el día 13 a la fiscal del caso, Paloma Abad, que ha decidido ahora apoyar la petición de Montero.

Declaración de Valerio

El primer testigo que apuntó al centro de espionaje militar español tras la reapertura del sumario, en julio de 1997, fue el primer fiscal del caso, Emilio Valerio. En su declaración del 8 de junio de 1998 ante el juez de este caso, Valerio relacionó al Cesid con este atentado y dijo que existían varios informes en los que "se localiza el despacho del doctor Brouard, con las vías de entrada y salida del mismo, otro en el que se indica que los autores del atentado vienen de Madrid y se recoge el recorrido que hicieron los mismos hasta que salieron desde Bilbao hacia Santander" y otro informe más que "refleja la ejecución material del hecho".

Valerio aportó en su declaración más datos. En concreto, sobre la posible implicación de los aparatos del Estado en el atentado, el fiscal añadió que en la reunión en la que se decidió el asesinato de Brouard participó un infiltrado del Cesid o de la Guardia Civil, y que fue precisamente ese infiltrado "el que espantó al confidente" que tenía el comisario Antonio Rosino, primer policía encargado de la investigación del atentado. La declaración del fiscal Valerio y el posterior careo con Rosino llevó al juez Armengol a encarcelar a Rosino esa misma madrugada bajo la acusación de encubridor del asesinato del dirigente independentista. El juez le atribuyó entonces al policía una clara intención de obstaculizar una investigación en marcha.

De hecho, durante el primer mes de la investigación, en diciembre de 1984, el fiscal Valerio y Antonio Rosino trabajaban con un confidente, Alberto Granados Céspedes, que tenía datos sobre cómo se realizó el atentado y sobre las armas empleadas en el mismo. Rosino llegó a hablar de una operación a finales de diciembre para detener en Madrid a los autores, algo que no se produjo finalmente. Paralelamente, Valerio solicitó al Cesid toda la información existente del caso, lo que, en palabras de Montero, "encendió todas la luces rojas del sistema". Posteriormente, Valerio fue apartado del caso.