Italia prepara alternativas a la cárcel para presos toxicómanos
La desastrosa situación de las cárceles italianas, sobrecargadas de detenidos -de los que son drogadictos 18.000 (un tercio del total)- ha decidido al Gobierno de centro izquierda a pisar el acelerador de una reforma, hasta ahora apenas iniciada, que prevé medidas alternativas para delincuentes toxicómanos. El nuevo ministro de Justicia, Piero Fassino, manifestó el pasado lunes su disponibilidad a crear "circuitos diferenciados" para esos presos, atendiendo a una petición del fiscal general de Milán, Gerardo D'Ambrosio. Otro tercio de los 53.000 reclusos son inmigrantes, muchos de ellos en prisión por delitos relacionados con la venta de drogas. La capacidad real de las prisiones (la mayoría decimonónicas) no supera las 43.000 plazas, cifra equivalente a la de funcionarios. La petición de D'Ambrosio se basa en aligerar las instalaciones de pequeños camellos cuyo arresto resuelve poco en términos de tranquilidad social. "Muchos de esos distribuidores menores son sustituidos apenas se les encarcela", confiesa D'Ambrosio.
La ley antidroga de 1990 ya preveía que el toxicómano debía cumplir la pena en "establecimientos idóneos para el desarrollo de programas terapéuticos", y ofrecía la "suspensión condicional" de penas para los que se comprometieran a ingresar en comunidades terapéuticas. El criterio era pasar de la represión a la cura en este segmento amplísimo de detenidos. Pero la falta de instalaciones, controles y personal convirtió la ley en papel mojado.
El Gobierno parece especialmente decidido a afrontar una reforma profunda de las cárceles tras los sucesos del mes pasado en la prisión de San Sebastiano de Sassari (Cerdeña). 82 funcionarios fueron detenidos, y los responsables carcelarios en la isla cesados fulminantemente, a raíz de la denuncia de 20 drogodependientes que sufrieron una brutal paliza en la cárcel sarda a manos de sus guardianes. La decisión del fiscal de encarcelar a 20 funcionarios provocó una fuerte protesta de sus compañeros, que obligó al ministro de Justicia a intervenir. Los funcionarios fueron excarcelados la semana pasada.
