Erradicar la vivienda precaria de Alicante costaría 1.500 millones, según un informe

Aunque se desconoce el censo real -el oficial, elaborado en 1991, está desfasado y no sirve de referencia-, las ONG que en Alicante trabajan con colectivos marginados, chabolistas y transeúntes cifran en 200 las familias que residen en viviendas precarias en esta ciudad, y son víctimas de exclusión social por parte del resto de la ciudadanía y la Administración. Para acabar con esta situación bastarían dos años de trabajo y una inversión de 1.500 millones de pesetas, según un informe que ayer hicieron público. Mejorar esas condiciones de vida depende de voluntad política.

Cuando, en 1998, una treintena de organizaciones no gubernamentales que actúan en Alicante decidieron asociarse en la Plataforma Pobreza, Exclusión y Desigualdad Social, se plantearon como objetivo inicial realizar un informe sobre la realidad de la pobreza y la vivienda precaria en la ciudad. Se trataba de conseguir una radiografía a partir de la cual abrir un debate y reivindicar actuaciones concretas a las diferentes administraciones públicas. Tras dos años de trabajo, el estudio se conoció ayer, y de él se deduce que el problema es "fácilmente" solucionable, y dependiente casi exclusivamente de la voluntad política de los poderes públicos.El coordinador de la plataforma, Manuel Semper, calculó ayer que una inversión de unos 1.500 millones de pesetas y dos años de trabajo, serían suficientes para erradicar la viviendaprecaria de Alicante. "No es una cantidad astronómica, por lo que las administraciones públicas no tienen escapatoria para eludir su obligación", señaló Samper poco después de calificar de "injusta" la situación en la que viven alrededor de 200 familias, en condiciones infrahumanas y con menos posibilidades de salir adelante por la indignidad de los habitáculos que ocupan.

Chabolas, edificios ruinosos y casas semiderruidas se agrupan en veinte focos de viviendas precarias, que la Plataforma identifica en su informe No tengo techo, pero sí derechos, sobre plano, callejero y con profusión de fotografías. "Se atenta contra los derechos humanos, porque toda persona tiene derecho a una vivienda digna y las administraciones la obligación de cumplir", señaló Semper.

Las ONG imputan la responsabilidad de la situación a dos instituciones: Ayuntamiento y Consejería de Bienestar Social. "Es verdad que la vivienda no es la solución a todos los problemas de marginalidad, pero se avanza muchísimo en temas educativos y de salud si las familias afectadas disponen de techo", señaló el coordinador.

El cálculo de una inversión que no superaría los 1.500 millones de pesetas ha movido a estos colectivos a exigir una actuación "rápida y urgente" para erradicar la vivienda precaria. Por ello, ayer lanzaron un llamamiento a las administraciones públicas, a las que invitaron a abrir un debate público al respecto y a "tomar las riendas" de un problema que ahora asumen las ONG.

El realojo de las 200 familias afectadas debería producirse por toda la ciudad, y no sólo en las barriadas obreras donde las viviendas son más baratas, criterio economicista que suelen aplicar las instituciones públicas y que, a medio plazo, genera problemas de integración y una alarma social "muchas veces alimentada por algunos políticos", según criticaron.