La Generalitat rebajó a las inmobiliarias 2.253 millones en impuestos

VIENE DE LA PÁGINA 1 El Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat emitió un decreto regulador del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados que aumentaba el tipo general vigente en España del 6% al 7% para las operaciones de compraventa inmobiliaria realizadas en Cataluña. Gracias a esa subida, la Administración catalana recaudó 14.984 millones más que en 1999.

El decreto, de fecha 18 de mayo, incorporaba en el artículo 32 una novedad importante. A partir de la segunda transmisión de una vivienda y sus anexos a una empresa inmobiliaria "siempre y cuando incorporen esta vivienda a su activo circulante, tributa al tipo impositivo del 2%". De esta forma, las inmobiliarias compradoras se beneficiaban de una rebaja impositiva del 5% en este impuesto que depende exclusivamente de la Generalitat.

Como consecuencia de la nueva normativa, la Generalitat recaudó en 1999 un total de 154.164 millones de pesetas por el impuesto de transmisiones que grava la compraventa de viviendas. De esta cifra, 104.892 millones fueron tributados al tipo general del 7%, que corresponden a 151.164 operaciones efectuadas en territorio catalán con una base imponible total de 104.892 millones en Cataluña.

Sin embargo, las 2.456 operaciones de compra de vivienda usada efectuadas por empresas inmobiliarias generaron 894 millones ya que tributaron al tipo del 2%. Si estas transacciones hubieran cotizado igual que las demás [al 7%], la Generalitat hubiera incrementado su recaudación por este impuesto en 2.235 millones, hasta un total de 3.129.

Para beneficiarse de esta rebaja fiscal, las inmobiliarias estaban obligadas -por el artículo 32 del reglamento de la Ley 25/1998, de 31 de diciembre de medidas administrativas, fiscales y de adaptación al euro- a justificar la venta posterior de la finca o vivienda adquirida en un plazo de dos años desde la adquisición.

Esta limitación fue bien aceptada en el sector, informaron fuentes inmobiliarias. Si la venta no se efectúa en ese plazo, el reglamento indica que se ha de devolver a la Administración el 5% rebajado y los intereses legales correspondientes desde el momento de la venta.

Artur Mas, consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat, fue el impulsor político de la medida que, según fuentes de la Administración catalana, tenía como principal propósito hacer aflorar un importante número de operaciones que no tributaban.

El sector inmobiliario no se considera favorecido por ésta, puesto que, según el presidente en funciones de la Asociación Española de Promotores, Guillermo Chicote, "la medida afecta únicamente a las viviendas de segunda mano y, aunque ha sido importante para los empresarios que se dedican a la rehabilitación, no significa tanto en el conjunto del sector, que ha avanzado fuertemente durante 1999 en Cataluña gracias a la promoción de vivienda nueva.

Plan de suelo

"Nosotros no le pedimos esta medida a la Generalitat, aunque si es verdad que la apoyamos desde el primer momento porque nos parecía positiva en la medida en que contribuía a reducir las triquiñuelas en la compraventa de viviendas", explicó Chicote. "Lo que sí ha pedido nuestra asociación a Rodrigo Rato y a José María Aznar es un plan estatal de suelo que incluya a ayuntamientos y comunidades autónomas, algo que es especialmente acuciante en Cataluña", añadió.

Fuentes del sector señalaron que la regulación catalana deja muy claro que "al comprar un inmueble para rehabilitarlo, los locales cotizan al 7% y las viviendas y anexos al 2%".