El reto de mejorar la competencia

Pocos medios materiales y humanos, procesos largos en la tramitación de los expedientes e independencia "razonable del Gobierno", son los tres elementos en los que coinciden tanto los responsables de vigilar la competencia en España como los expertos consultados a la hora de definir el modelo español de defensa de la competencia.Asuntos como la fusión de Pryca y Continente, los acuerdos entre Telefónica y el BBVA o el alza en los precios de las gasolinas han desatado la polémica sobre la eficacia de los guardianes de la competencia en España. El modelo español es similar al de Francia, Reino Unido, Bélgica, Finlandia, Grecia y Portugal, y tiene su raíz en la ley de 1889, que luego fue el tronco central de la ley de 1999 actualmente en vigor.

Para Miguel Ángel Fernández Ordóñez, economista, experto en competencia y ex presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, el principal problema que tiene el sistema español es que la instrucción de los expedientes la comienza el Servicio de Defensa de la Competencia, que está dentro del Ministerio de Economía, es decir, del Gobierno. A pesar de ello, valora el actual papel del Servicio como meritorio por cuanto "está tratando de hacer un esfuerzo por mantener una postura de equilibrio".

En el año 1999 se redactó una nueva Ley de la Competencia en la que se "perdió una gran oportunidad de modernizar el sistema de la competencia y alejarlo más del círculo del Gobierno", según este experto. En ese texto no sólo no se avanzó en un modelo más independiente, sino que lo hizo más dependiente de Economía al dar más competencia al Servicio, recalca Fernández Ordóñez.

El Tribunal de Defensa de la Competencia es un órgano independiente, pero cuyo presidente lo nombra el Gobierno sin pasar por el Parlamento para establecer al menos un mínimo consenso, como ocurre, por ejemplo, con el presidente de la Comisión de la Energía y de la Comisión de Telecomunicaciones.

Cada vez más trabajo

Otro problema es la escasez de medios materiales y humanos de este tribunal. Su presidente, Amadeo Petitbó, reconoció en público recientemente esta escasa dotación (300 millones de presupuesto anual). Petitbó ha señalado que el trabajo del Tribunal se ha incrementado de forma notable en los últimos años. De los 69 expedientes resueltos en el año 1992 se ha pasado a los 105 expedientes en el año 1995 y a los 217 en el año 1999.

De todas formas, Petitbó recalca que "el trabajo del tribunal se lleva a cabo, no sólo desde el respeto a los derechos, sino sobre la base de independencia de criterio de todos y cada uno de sus miembros de acuerdo a los principios del derecho". El actual presidente del tribunal considera que éste es un organismo administrativo dotado de independencia funcional, y para garantizarla se establece el nombramiento de sus miembros por cinco años, aunque cambie el Gobierno.

Para Luis de Guindos, secretario general de Economía, "tan importante como la estructura de los órganos para defender la competencia (Servicio y Tribunal) es la voluntad política, y en este sentido el actual Gobierno ha hecho de este tema un asunto prioritario". En Estados Unidos, por ejemplo los vigilantes de la competencia también son de la Administración de justicia, es decir, son parte del Gobierno.

De Guindos resalta que se ha adoptado un modelo de competencia horizontal (es decir, las mismas autoridades para todos los sectores) que están por encima de las comisiones sectoriales como la de Energía y la de Comunicaciones. Esto facilita el que en alianzas entre un banco y una operadora de telecomunicaciones (BBVA y Telefónica), se puede mantener una posición más independiente y neutral, dice Guindos.

Tomar la iniciativa

Otro de los aspectos que facilita el actual texto legal del pasado año es la Terminación Convencional, que consiste en que el Servicio de Defensa de la Competencia puede tomar la iniciativa para lograr un acuerdo entre las partes en un litigio de competencia al igual que ocurre en la normativa de Estados Unidos.

Para Antonio Creus, socio encargado del bufete Cuatrecasas, el sistema español de defensa de la competencia funciona "razonablemente bien", aunque por supuesto es mejorable. A Creus, con varios años de experiencia profesional en Bruselas, le parece acertado que sea el Servicio el que inicie la instrucción y sean finalizadas por el Tribunal. A su juicio, no siempre los indicios que ve el Servicio son confirmados como hechos y se fija la consiguiente multa por el Tribunal.

Considera que lo único que falta en el modelo español es que se le dote de más medios tanto al Servicio como al Tribunal. Creus no considera tan eficaces los sistemas de defensa de competencia alemán e italiano en los que el mismo órgano que instruye el expediente lo resuelve.

Para Santiago Martínez Lage, director del bufete del mismo nombre y especializado en competencia, "el sistema español de la competencia funciona razonablemente bien". A su juicio, es bueno que sea el Servicio el que inicia los expedientes si ve indicios de que se puede bloquear la competencia, y sea el tribunal el que lo finalice.

"El hecho de que sea el Gobierno el que designe el presidente del tribunal ha sido paradógicamente más práctico e independiente que si se hiciera en base a cuotas políticas", resalta. Su mayor crítica es que no cuenta con medios y, sobre todo, que los procedimientos se alargan excesivamente.